Luego de que la Legislatura bonaerense aprobara la iniciativa que prohíbe por otros 180 días la habilitación de estos emprendimientos en toda la provincia, comenzaron a escucharse voces a favor y en contra de la medida: las cámaras empresariales la celebraron, al asegurar que lo que se busca es “ordenar la actividad”, mientras que los comerciantes opinaron que a partir de esta sanción lo único que se va a lograr es que “vaya más gente” a La Salada. “Están poniendo un límite a las fuentes de trabajo”, se quejó el administrador de Punta Mogotes, Jorge Castillo, en diálogo con Info Región.
Tras la aprobación de la norma que suspende por 180 días todo tipo de trámite que habilite la instalación y el funcionamiento –provisorio o definitivo-de las ferias informales, el debate comenzó y ya generó adhesiones y rechazos. Mientras que desde la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) celebraron la medida, los comerciantes y administradores del rubro la rechazaron, al argumentar que esto imposibilita la apertura de nuevos puestos de trabajo.
Vale recordar que el miércoles pasado, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad el proyecto que prohíbe por 180 días la habilitación de las ferias que venden desde ropa de marca de dudosa procedencia hasta celulares y equipos electrónicos.
El plazo establecido responde a que los legisladores deberán durante ese tiempo redactar una normativa “de fondo” que permita regular la actividad de manera definitiva y que sirva de guía e iguale la acción de todos los municipios frente a las ferias.
En declaraciones a Info Región, el administrador de Punta Mogotes, Jorge Castillo, consideró que la medida “perjudica” a los trabajadores y advirtió que lo único que se busca “es que no se abran más ferias en otros lugares”. Es por ello que pidió que en lugar de “prohibir” la habilitación de nuevas ferias, “se regule” la actividad para que los vendedores “puedan pagar sus impuestos”.
“La verdad que es lamentable que se hay aprobada esta iniciativa porque la Salada ya no da para más. Al prohibirse que en otros lugares de la provincia de Buenos Aires se implemente este sistema de comercialización, lo que va a pasar es que va venir más gente a comprar acá”, se quejó Castillo.
No obstante, dejó en claro que él no está en contra de la reglamentación, sino de la forma en que se intenta realizarla. “La actividad hay que ordenarla, reglamentarla. Pero me da bronca la actitud mezquina y de falta de inteligencia para realizar este proceso ya que se trata de una actividad que genera mucho trabajo en la clase media baja y baja”, remarcó.
Por su parte, desde la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) se mostraron satisfechos con la normativa ya que consideraron de esta manera se “avanza hacia una ley de fondo” para adecuar la actividad a un “sistema legal”.
Según opinó el presidente de la entidad, Raúl Lamacchia, la suspensión de la habilitación “posibilitará reglamentar y encuadrar una ley que legisle sobre la problemática que plantean estos centros”.
“Ellos mismos (los feriantes) hablaron muchas veces de incorporarse adecuadamente a un sistema legal y más transparente para que la competencia entre vendedores no se de en la esfera ilegal”, sostuvo Lamacchia.
Las entidades que también respaldaron la concreción de una legislación marco fueron la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires (FABA), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y el Sindicato de Vendedores Ambulantes, entre otras.
Fuente: InfoRegión