El ministro de Economía no cometió un delito cuando dispuso un control sobre los mails de los empleados de la cartera a su cargo, sostuvo el fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz.
El ministro de Economía, Amado Boudou, no cometió delito alguno cuando accedió al contenido de mensajes de los empleados de ese ministerio ya que el control de la cuenta de correo electrónico oficial de esa cartera están avalados por una resolución interna.
Así lo sostuvieron el fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, y la secretaria de Fiscalía de la Cámara de Casación, Carla Delle Donne, al dar su dictamen en una denuncia penal presentada el diputado Juan Carlos Morán, de la Coalición Cívica.
Boudou fue acusado de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y violación de secretos y de la privacidad por el dictado de la resolución 464/2010 por la cual las autoridades del Ministerio tienen la facultad de controlar los mails enviados por sus agentes.
No obstante, ambos fiscales, en calidad de expertos en delitos informáticos, sostuvieron que en la jurisprudencia nacional e internacional «las computadoras y la dirección de correo electrónico suministrada por el empleador son de su propiedad».
Por ello, añaden, «cuenta con facultades de control» para mails oficiales o corporativos pero no así para los personales, casos en los cuales se podrá acceder a su contenido con «la orden judicial que así lo autorice».
El dictamen fiscal estableció que el Ministerio cumplió con esos requisitos y que la clave de acceso al correo, si bien es personal, «no es argumento suficiente para fundamentar la existencia de una expectativa de privacidad».
«Es objetivamente razonable la existencia del poder de control por parte del empleador en todas las actividades que el empleado realiza ya sea frente a un ordenador o fuera de él, para cerciorarse que son utilizados para los fines dispuestos», agregaron.
Por último, los especialistas calificaron de «irrazonable y contradictoria» la prohibición de mails personales dado que la propia resolución de la cartera considera que se puede utilizar internet para fines no laborales que «faciliten la organización de la vida cotidiana de las personas».
Fuente: lapoliticaonline.com