Medio millar de ex combatientes de Malvinas, de toda la provincia de Buenos Aires marcharon ayer por a ciudad y confluyeron frente al Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS), en 47 entre 5 y 6, para reclamar el pago de las pensiones a los sobrevivientes y a las viudas, además del otorgamiento de las jubilaciones para los empleados de la Provincia que combatieron. Plantearon que, en algunos casos, el retraso en los pagos es de más de 2 años y medio. Al final firmaron un acuerdo para intentar destrabar el conflicto.
Durante la movida, miembros del Centro de Ex Combatientes en las Islas Malvinas, de La Plata (CECIM) denunciaron otra irregularidad, vinculada con cobro indebido de pensiones por parte de personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas que no cumplirían con los requisitos establecidos para recibir ese beneficio.
Tras la protesta, autoridades del IPS acordaron incorporar a representantes de organizaciones de ex combatientes para destrabar el conflicto y normalizar los pagos. El titular del organismo, Javier Mazza, estuvo ausente de la reunión.
En total, son alrededor de 60 las personas que no cobran sus beneficios en tiempo y forma, cifra calificada como “irrisoria” por Ernesto Alonso, secretario de relaciones institucionales del CECIM. “No se entiende el por qué de la demora para efectuar las liquidaciones, cuando se trata de un número totalmente manejable, comparado con lo que el IPS administra”, señaló el dirigente platense. En la Provincia están registrados 5 mil ex combatientes.
“Transcurrido el tiempo, no ha cambiado nada hasta la fecha y las viudas, que en muchos casos tienen hijos menores a cargo, esperan desesperadas que el IPS liquide la pensión social Islas Malvinas que percibía su esposo. No hay justificación alguna en la demora de estos trámites”, se quejó Alonso.
Según la ley 13.980, son beneficiarios de la pensión, los soldados que combatieron en la guerra en 1982, más allá de la función desempeñada. En los casos de fallecidos quienes cobrarán la pensión son los padres, las viudas, o los hijos menores de 21 años.
El monto del beneficio corresponde a tres salarios mínimos de la administración provincial, lo que asciende a 3 mil pesos, según los casos.
POLÉMICA. Durante la protesta de ayer, las organizaciones denunciaron que el IPS estaría violando la ley que otorga las pensiones a los ex combatientes: “Le está pagando el beneficio al personal militar que se encuentra en situación de retirado con haber, o sea que percibe una jubilación de la Fuerza Armada”, dijo Alonso, quien agregó que la norma es “muy precisa”, ya que establece que los militares retirados con haber deben optar entre cobrar la pensión provincial o su haber de retiro.
“El IPS obvia este punto de la ley. Nosotros creemos que el Gobierno la viola para parar las protestas que el personal de las fuerzas de seguridad venían manteniendo hace largo tiempo”, sentenció el ex-combatiente.
En ese sentido, Alonso indicó: “Si bien son oficiales y suboficiales que participaron del conflicto, cobraban un sueldo y ahora perciben el haber su jubilación por parte de la caja de las Fuerzas Armadas, y la ley les prohíbe percibir la pensión a la vez”.
Y agregó que cuando los soldados volvieron de la guerra sus superiores les dieron la espalda. “Ignoraron a los colimbas y ahora se suben a nuestros derechos para cobrar más”, sintetizó Alonso.
La ley 13.980 especifica que quedarán excluidos del beneficio quienes se encuentren procesados o hayan sido condenados por delitos o incumpliendo de sus deberes durante la guerra. Para aclarar esa participación, el CECIM reclama la participación de la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
Fuente: El Argentino