La jueza en lo penal y contravencional porteña Claudia Alvaro postergó el operativo hasta el próximo 5 de mayo y ordenó a la Gendarmería y la Policía Federal que identifiquen «de forma inmediata» a todos los ocupantes del predio.
La jueza en lo penal y contravencional porteña Claudia Alvaro postergó el operativo hasta el próximo 5 de mayo y ordenó a la Gendarmería y la Policía Federal que identifiquen «de forma inmediata» a todos los ocupantes del predio.
El gobierno nacional había efectuado una presentación judicial para declarar «la inconstitucionalidad» de la medida dispuesta por la magistrada porteña, que horas antes dictó la orden de desalojo. Además, exigió que no se «criminalicen situaciones de usurpación, sin considerar a la gente».
Sucede luego de las algunas resistieran una orden judicial de desalojo y rechazaran el ofrecimiento económico del gobierno porteño para irse en forma voluntaria. Pese al despliegue de efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, los ocupantes insistieron en su reclamo de ser incluidos en planes para viviendas.
Unos 160 efectivos de las fuerzas de seguridad, además de agentes de la Policía Metropolitana, se apostaron esta mañana en la intersección de las avenidas Riestra y Lafuente, donde la vereda fue ocupada por unas 200 personas, en su mayoría cartoneros, en noviembre de 2010. «Un comisario vino a decirnos que nos iban a sacar, pero nosotros nos vamos a quedar», dijo una mujer.
En tanto, un hombre advirtió: «Si nos quieren sacar, va a pasar lo mismo que en el Indoamericano», el violento desalojo del año pasado que dejó como saldo dos personas muertas. La ministra de Desarrollo Social porteño, María Eugenia Vidal, dijo que «seguirá el proceso de negociación y se buscarán acuerdos con las familias para que se vayan pacíficamente».
La funcionaria macrista aclaró, sin embargo, que «bajo ningún punto de vista, ni en este caso ni en ningún otro, la oferta va a ser una vivienda definitiva». A su vez, explicó que se les ofreció «la red de refugios y hogares» a aquellas familias que «no tengan donde ir o reubicarse.
El mismo criterio se utilizó a medidos de abril para desalojar los depósitos de las ex bodegas Giol, en Palermo, en cuyo acuerdo también intervino el gobierno nacional. «En aquellos casos que cumplan los requisitos necesarios, les daremos lo que llamamos la cuota de emergencia de 700 pesos para que puedan alquilar la habitación de un hotel o una pensión durante un primer mes, mientras vemos de insertarlos en otros programas», precisó.
Las veredas tomadas son linderas a campos deportivos del Colegio Marianista, DAOM y el club Argentinos Juniors, entre otros predios. Fuentes del ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré, reiteraron hoy que las fuerzas federales no iban a cumplir con la orden de desalojo hasta que estén «dadas todas las garantías» para los habitantes del lugar.
Ayer, Garré insistió en afirmar que los efectivos de Gendarmería y Policía Federal «no iban a ser usados como coacción en un problema que demanda soluciones sociales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires». Según Vidal «es evidente que hay un incumplimiento nuevamente de la orden judicial».
La orden judicial de desalojo fue dictada por la jueza Claudia Álvaro, con el objetivo de «recuperar el espacio público» en esa zona del Bajo Flores. La magistrada ya había tomado una resolución similar en febrero, pero el gobierno nacional no prestó colaboración y el defensor oficial apeló aquella decisión.
Fuente: elargentino.com