Justo en los días previos a la Semana Santa, los vuelos internacionales desde el aeropuerto de San Fernando, que tienen por usuarios especialmente a empresarios, a ejecutivos de compañías locales y multinacionales de primera línea y a conocidas personalidades del espectáculo y la moda, quedaron cancelados.
Ayer, la AFIP decidió suspender la Zona Primaria Aduanera al atribuirle a la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) el incumplimiento de medidas para mejorar el control de pasajeros. El director del organismo oficial, Ricardo Echegaray, sostuvo que las instalaciones del operador privado en Ezeiza y en Aeroparque también serían puestas «bajo la lupa».
La decisión, que llegó tres meses después de que el sonado caso del avión que salió hacia Barcelona cargado con 944 kg de cocaína pusiera en observación la falta de controles de los vuelos privados, augura polémica y abre paso a varios interrogantes, además de impactar en las operaciones de más de 6000 vuelos anuales de jets privados y de taxis aéreos.
Las operaciones internacionales de San Fernando pasarán a engrosar el tráfico de Ezeiza y del Aeroparque, donde, según comunicó la AFIP, se reforzará la planta de personal aduanero para dar abasto con el control de mercaderías en tránsito. Resta saber si los hangares tendrán capacidad para soportar el movimiento de aeronaves y si los controladores lograrán ordenar el movimiento de pista sin que eso provoque grandes demoras en las operaciones aerocomerciales habituales.
Según informaron fuentes de la AFIP, los vuelos internacionales que partían desde San Fernando deberán aterrizar en Aeroparque o Ezeiza, para pasar por los controles de Migraciones o de Aduana, antes de abandonar el espacio aéreo de la Argentina, tal como ocurre con los vuelos que parten de la base aérea militar de Morón.
La Aduana informó que en lo que va del año hubo un movimiento internacional de 2500 vuelos y 5100 pasajeros. Fuentes oficiales dijeron que el promedio diario de viajes de ese tipo es de una decena, pero que en fines de semana largos y vacaciones trepa a medio centenar.
Pero, más allá de las cuestiones operativas, hubo sorpresa tanto en la concesionaria como en los otros actores estatales de las operaciones aeroportuarias, que, en voz baja, acusan al director de la AFIP, Ricardo Echegaray, de haberse «cortado solo» en la decisión cuando, en realidad, se había acordado con el concesionario, en un reciente encuentro del Comité de Seguridad Aeroportuaria, la realización de una serie de medidas de corto y mediano plazo para resolver las carencias estructurales que impedían el correcto control aduanero.
Fallas estructurales
Fuentes de gobierno dijeron que el martes pasado hubo una reunión, convocada por el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, con representantes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Migraciones, Aduana, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y AA2000, en la que hubo consenso en que era necesario realizar con urgencia cuatro reformas: el mantenimiento del cerco y los caminos perimetrales; una nueva terminal de pasajeros para evitar que se mezclen usuarios de vuelos internacionales y de cabotaje, y la instalación de un circuito cerrado de 15 cámaras y de puestos de control con doble reja.
También se había acordado que AA2000 llevaría adelante otras 12 medidas a mediano plazo.
«Habíamos quedado en reunirnos nuevamente hoy [por ayer] para acordar el plan de trabajo, para que AA2000 empiece cuanto antes. Pero la Aduana se cortó sola. «Habrá caos, porque va a sobrecargar a los otros aeropuertos, especialmente Aeroparque. En San Fernando cada día operan entre 150 y 160 vuelos, de los cuales no más de diez son internacionales. El año pasado se movieron por allí 50.000 pasajeros», dijo a LA NACION una calificada fuente del gobierno nacional.
En un comunicado, la Administración Federal de Ingresos Públicos informó que «ningún vuelo internacional podrá arribar o despegar de ese aeródromo» y que, en caso de que sus agentes detectaran alguno, «se presentará la denuncia penal correspondiente».
Fuente: La Nación