Buenos Aires, 14 abr (PL) El análisis de un proyecto de ley contra el lavado de dinero impulsado por el gobierno argentino será retomado hoy aquí por las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas de la Cámara de Diputados.
Los dos grupos de trabajo se reunirán en plenario para evaluar la propuesta del Ejecutivo, que propone tipificar como delito autónomo el lavado de activos.
Fuentes del oficialista bloque del Frente para la Victoria (FpV) anticiparon a la agencia de noticias Télam su aspiración de poder conseguir el dictamen en los próximos 10 días y llevar el tema al recinto antes que finalice abril.
Para lograrlo, agregaron, no se descarta la posibilidad de aceptar algunas de las observaciones realizadas por las bancadas de la oposición al proyecto del gobierno, «aunque sin desvirtuar el espíritu del mismo», subrayaron.
El apremio por abordar el tema surge por la necesidad de evitar que Argentina sea sancionada por el Grupo de Asistencia Financiera Internacional (GAFI), si antes que termine el mes de mayo no se aprueba una ley sobre lavado de dinero.
La legislación local tiene que ir adecuándose a las normas internacionales para condenar las nuevas organizaciones delictivas, argumentó la pasada semana el ministro de Justicia Julio Alak, al pedir a los diputados la urgente aprobación del proyecto.
Alak insistió en la necesidad de aprobar la ley, porque su objetivo es evitar que la Argentina sea incluida en una lista de países no cooperantes con el GAFI.
También la semana pasada la presidenta Cristina Fernández se reunió con Miguel Pichetto, jefe del bloque oficialista en el Senado, y su par en diputados, Agustín Rossi, para pedirles que apuren el tratamiento del proyecto enviado al Congreso en junio de 2010.
Los principales bloques de la oposición, en tanto, manifestaron su intención de tratar el tema y de avanzar en su aprobación «con un texto que contemple las inquietudes de los diferentes sectores parlamentarios». El punto que mayores diferencias genera entre el oficialismo y los opositores es el referido a la autonomía y la autarquía de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), creada en el año 2000 al amparo de la Ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.