Avanza un proyecto para compensar económicamente a las víctimas del atentado a la AMIA

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió hoy dictamen de un proyecto que fija una compensación económica a los familiares de los muertos y a los cientos de heridos graves que causó el atentado a la embajada de Israel, en 1992.

La iniciativa, enviada el año pasado al Congreso por el Poder Ejecutivo, establece el pago, por única vez, de 350 mil pesos a los familiares de las víctimas fatales del atentado.

Además, los heridos considerados gravísimos cobrarán un 30 por ciento menos y los que hayan sufrido heridas graves, un 40 por ciento del monto convenido.

El texto explica la concesión de la compensación económica «en los principios de solidaridad y equidad, que imponen la reparación de las víctimas nacionales y extranjeras por los daños sufridos en sus personas y sus bienes».

La norma señala que quienes hayan iniciado acciones contra el Estado deberán desistir de esos procesos en caso de que quieran cobrar ese resarcimiento y, por otra parte, a quienes ya hayan cobrado algún subsidio estatal se les reducirá ese monto de la compensación.

En otro orden, el titular de la comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato, dispuso analizar en la próxima reunión el proyecto que fija una compensación para las víctimas del atentado a la Amia, de 1994, debido a que todavía no había recibido el dictamen de la comisión de Justicia.

Además, Marconato sugirió la posibilidad de convocar a algún funcionario del Ministerio de Justicia para que expliquen los motivos por los cuales ambos proyectos (Embajada de Israel y Amia) establecen diferentes montos para compensar a las víctimas.

La iniciativa que se refiere a las víctimas de Amia establece que los «derechohabientes de los fallecidos» en el ataque de 1994 recibirán una reparación «equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado O, del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional».

De ese monto, la iniciativa dispone la reducción de un 30 por ciento para quienes hubiesen sufrido lesiones gravísimas, y del 40 para los que padecieron lesiones graves.

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