El reconocimiento de la identidad de género que lograron en los últimos meses al menos diez personas transexuales, a través de la justicia, con el otorgamiento de un nuevo DNI, se inscribe dentro de la lucha que emprendieron organizaciones de defensa de los derechos civiles, para la aprobación de una ley que reconozca este derecho.
Así lo expresó el abogado de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) Emiliano Litardo, al asegurar que la autorización otorgada el jueves último por la jueza porteña Elena Liberatori al cambio de nombre y documentación de una persona que reclamó tener identidad femenina es «una sentencia fundamental porque afianza nuestra pelea por el derecho humano a la libre expresión de género de las personas trans».
Asimismo, precisó que esta medida «contribuye a considerar jurisdiccionalmente que basta con la sola voluntad de la persona que quiera rectificar su nombre para adecuarlo al género con el que se auto percibe».
«Esta sentencia va en esa línea», enfatizó Litardo en diálogo con Télam, al recordar que en diciembre del año pasado se entregó por primera vez un DNI a una persona trans, sin la necesidad de someterse a una cirugía previa de cambio de sexo.
En esa ocasión fue la joven Tania Luna, quien se convirtió en la primera persona de América Latina en conseguir un nuevo DNI, sin haber sido obligada a someterse a una operación de reasignación sexual.
«En la ciudad de Buenos Aires hay hasta el momento unos 10 casos de otorgamiento de nuevo DNI a personas trans», aseguró el abogado.
Otro caso fue el de Blas, la persona transgénero masculino que se identificó con ese nombre y el 29 de diciembre pasado tuvo sentencia favorable, tras haber presentado el amparo para que el Estado reconozca su identidad sin cirugía mediante, lo que consiguió en tres semanas».
La sentencia que se dictó en ese caso se fundó en los derechos humanos, la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica, la ley 3062 y los Principios de Yogyakarta, destacando sobre todo que nadie está obligado a someterse a procedimientos médicos para obtener el reconocimiento legal de su identidad de género.
«Se autorizó, sin necesidad de peritajes y atendiendo a la voluntad de la persona y a su autonomía, una intervención quirúrgica parcial, en este caso una mastectomía», dijo Litardo al referirse a Blas.
El abogado de la CHA inscribió estos casos dentro de la pelea por el debate y aprobación de una ley sobre identidad de género, teniendo en cuenta que en el Cámara de Diputados de la Nación ingresaron distintos proyectos.
Uno de los proyectos lo presentó el año pasado el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, integrado por la CHA, la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), la Cooperativa Nadia Echazú, el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y Futuro Transgenérico.
Ese proyecto de ley número 8126, que cuenta con el apoyo de numerosos legisladores de diferentes partidos, «tiene estado parlamentario, y está en agenda en la Comisión de Legislación General», señaló Litardo.
En este sentido, dijo que «estamos esperando en estos meses que la comisión se ponga a debatir este tema», y aclaró que el efecto de las iniciativas «es el mismo pero el nuestro creemos que es un poco más completo y reconoce la gran diversidad que hay dentro de las identidades trans».
Señaló que el proyecto tiene básicamente cuatro pilares «la despatologización, la desjudicialización, la desestigmatización y la descriminalización», es decir no considerar a las identidades trans como una enfermedad, que el trámite de reconocimiento sea administrativo ante el Registro Civil, abogar por la no discriminación y no criminizarlas.
Plantean un accionar sobre el reconocimiento diferente según la edad al plantear que los mayores de 18 puedan registrar su cambio y solicitar si lo desea su intervención quirúrgica, sin acompañar certificado clínico.
A partir de los 16 señalan que toda persona puede solicitar la rectificación de su nombre y sexo, y en la franja menor que la escuela y los espacios de recreación les reconozca su nombre auto percibido ya que «la construcción de la identidad trans comienza en la niñez».
Asimismo postulan que se reconozca el derecho a la libertad de género a las personas que están en prisión, y plantean también legislar sobre el tema de la objeción de conciencia de los funcionarios públicos.
A su vez, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTA) y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) lanzaron el año pasado una campaña para la rectificación del nombre y sexo para quienes así lo desearan, y presentaron un proyecto de ley en el mismo sentido con el respaldo también de legisladores de distintos bloques.
Fuente: Telám