La fiscal del crimen de nuestra ciudad Virginia Bravo reiteró ayer, luego de cumplir con la totalidad de las medidas probatorias pendientes, el pedido de juicio oral para Lucas Manuel Puig (33), el profesor de música del colegio San Benjamín de Los Hornos, procesado como presunto autor de «corrupción de menores agravada», en perjuicio de dos niños de 3 y 4 años, alumnos del mencionado establecimiento educativo.
En tal sentido, voceros judiciales precisaron que el juez de Garantías que interviene en el caso, Guillermo Atencio, ahora decidirá si hace o no lugar al pedido y además rechazó ayer un requerimiento, por parte de la defensa de Puig, para que sea apartada la fiscal de esta investigación.
Los abogados -agregaron- Daniel Apaz y Adrián Fernández Koenig explicaron en su pedido que la doctora Bravo debería dejar la causa, porque venció el plazo previsto en el Código de Procedimiento Penal para pedir la elevación a juicio.
Sin embargo, el juez entendió no vencido ese plazo, ya que, tal como lo dictaminó la fiscal, debe computarse el lapso de 74 días en los que la investigación penal preparatoria estuvo fuera de la sede de la fiscalía, señalaron los voceros consultados.
En el nuevo dictamen, la doctora Bravo dio por acreditado que «cuanto menos desde el inicio de clases del ciclo lectivo 2010 y hasta el 13 de marzo de ese año, en el jardín de infantes San Benjamín, de 141 y 57, durante el turno mañana, un hombre -profesor de música de los niños-, efectuó a un niño de 3 años y a una niña de 4, en la sala y en el baño del establecimiento, reiteradas exhibiciones obscenas de sus genitales y otras prácticas libidinosas, tocamientos y práctica de sexo oral en partes íntimas de aquellos».
La fiscal explicó en el pedido de elevación que en la instrucción surgieron elementos de prueba como para sospechar que el imputado también «habría instado -a los niños- a que le efectuaran tocamientos en sus genitales y practicaran sexo oral».
A este nuevo pedido de juicio se le agregó como prueba el testimonio brindado por los menores, quienes contaron detalles sobre los hechos investigados, manteniéndose firmes en sus dichos, inclusive ante preguntas de los defensores, quienes en un momento de los interrogatorios les consultaron si lo relatado era lo que le habían contado sus padres, recibiendo una negativa como respuesta, dijeron los voceros consultados.
También señalaron que el ministerio público volvió a dar valor probatorio a lo narrado en la causa por los padres de los niños, que dieron cuenta sobre «pormenores de contenido sexual que exceden los esperados para su edad».
«La persistencia de sus relatos a lo largo del tiempo y frente a diferentes personas de su confianza, con un lenguaje y una perspectiva acorde con su visión, me llevan a sostener el presente requerimiento», explicó la fiscal.
Al igual que el primer pedido de juicio que fue anulado por el juez al considerar que se había denegado prueba sin fundamento, la doctora Bravo caratuló el caso como «corrupción de menores agravada», en los términos del artículo 125, tercer párrafo, del Código Penal», delito que se castiga con penas de 10 a 15 años de prisión.
Consultado sobre este dictamen, el abogado del particular damnificado (madre de la menor), Flavio Gliemmo, aseveró que «las evidencias incorporadas al proceso resultan por demás contundentes para la realización de un juicio oral».
Por su parte, las doctoras Rocío Carreras y Macarena Farkas, representantes de los padres del menor, afirmaron que «las probanzas existentes en la causa ameritan un amplio debate en juicio, tal como lo pidió la fiscalía».
El juez Atencio ayer dio traslado a la defensa para la contestación, luego de recibida la misma, se resolverá si el caso es o no juzgado ante un tribunal oral en lo criminal de nuestra ciudad.
Fuente: El Día