Veredas superpobladas de puesteros ambulantes que ofrecen desde frutas y verduras hasta juguetes, remeras, zapatillas, camperas, anteojos y objetos de electrónica. La fotografía no resiste excusas oficiales: en la ciudad de Buenos Aires, cualquier mercadería puede conseguirse en los sitios ocupados por los denominados manteros, que parecen trabajar sin control alguno de parte de autoridades políticas, policías y funcionarios judiciales.
Según un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en marzo se incrementó el 6,9 por ciento respecto del mes anterior la cantidad de puestos de venta ilegal callejera. El crecimiento interanual fue del 24,8 por ciento y alcanzó el mes pasado a su máximo valor histórico: se contabilizaron 2123 puestos ilegales en la ciudad. Esta cifra, incluso, representa el doble de puestos callejeros no autorizados que había hace dos años.
La peatonal Florida continúa al frente de las zonas con mayor cantidad de manteros y hoy parece un shopping a cielo abierto. Allí se ofrece un surtido abanico de mercaderías, cual feria La Salada, donde se advierten infinidad de imitaciones de marcas conocidas. En Florida, cada vendedor ocupa un espacio bien delimitado y funciona de manera organizada con otros comerciantes muchas veces comandados por hombres de traje que recorren la peatonal con handies y alertan de cualquier inspección.
La venta ambulante está prohibida en la Capital por el Código Contravencional que, en su artículo 83, especifica: «Quien realiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público es sancionado con multa de $ 200 a $ 600. Quien [las realiza] en volúmenes y modalidades similares a las del comercio establecido es sancionado con una multa de 5000 a 30.000 pesos». Sin embargo, pese a las evidentes violaciones a la normativa, quienes deben velar por el cumplimiento de esta ley, como las policías Federal y Metropolitana, además de los inspectores del gobierno local, no parecen mostrar voluntad para cambiar este estado de cosas.
También es cierto que numerosos vendedores ambulantes amparan su actividad en la ambigüedad del artículo 83 del Código Contravencional, que reza: «No constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia que no implique una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido, ni la actividad de los artistas callejeros en la medida en que no exijan contraprestación pecuniaria».
En ese sentido, el legislador de Pro Patricio Di Stefano tenía previsto presentar la semana pasada un proyecto para modificar ese artículo, iniciativa que ya fue suscripta por el jefe del bloque macrista, Cristian Ritondo, y por el vicepresidente primero de la Legislatura, Oscar Moscariello. Sin embargo, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, le pidió a Di Stefano que postergara esa presentación para después de las elecciones porteñas, en vista de que no iba a ser tratada antes de esa fecha, según sus especulaciones.
El proyecto de Di Stefano propone suprimir las excepciones para la venta ambulante y especifica que no constituye contravención la actividad de los artistas callejeros, en la medida en que no exijan contraprestación pecuniaria, además de aumentar la sanción de entre $ 600 y $ 1000 y de entre $ 30.000 y $ 60.000 para los que violen la ley. Así, quedaría prohibida totalmente la venta callejera para aquellos que no poseyeran permiso otorgado por la ciudad.
En la actualidad, en numerosas calles y avenidas porteñas se puede apreciar la venta de diversos objetos, casi ninguno de ellos artesanal. Cabe aclarar que la ley en vigor exime a los artesanos de todo tipo de sanción si lo que venden es producto de su actividad como tales.
Sin embargo, la vaguedad terminológica en la norma -en la que se habla, por ejemplo, de venta de «baratija» o «mera subsistencia»- deja librada a la interpretación judicial si es legal o no la presencia de estos vendedores.
«Las actividades realizadas en el espacio público, para ser justas, tienen que tener un beneficio público y no privado, como es el caso de la venta ambulante. De lo contrario, ocurre una verdadera privatización del espacio público. Esta venta ambulante tampoco genera empleo, ya que el trabajo que ganan los vendedores lo pierden los empleados de los comercios. Es necesario regularla con una ley clara», dijo Di Stefano a La Nacion.
La peatonal Florida, por ejemplo, agrupó en el mes pasado a 343 puestos y ocupó, al igual que en los últimos meses, el primer lugar entre las calles, avenidas y peatonales con mayor cantidad de stands de venta callejera ilegal, según el informe de la CAC. En tanto, la avenida Avellaneda, en Floresta, se ubicó en segundo lugar, con 245 puestos. El problema también se extiende a Palermo, especialmente a la zona de plaza Cortázar.
Además, en estaciones y plazas se relevaron 388 puestos de venta ilegal, lo que representa una baja del 4,2% con respecto al mes anterior. Como es habitual, las estaciones de Retiro, Once y Constitución fueron las que más puestos tienen, con 171, 110 y 58 stands respectivamente.
Carlos de la Vega, presidente de la CAC, dijo a La Nacion: «Este es un problema de la Justicia, de la policía, del gobierno, de la Aduana y de la AFIP, que, evidentemente, tienen que hacer acciones coordinadas para combatir esta situación. Hoy no hay una firme decisión de acabar con esto. El problema es muy serio porque trasciende el capítulo de la venta ilegal callejera. Es un fenómeno que tiende a crecer».
De la Vega agregó: «Lo que se vende hoy en la calle no es el fruto del trabajo de una señora desocupada, sino que hay industrias y actividades ilícitas detrás».
Bronca y resignación
La Nacion dialogó con comerciantes de la calle Florida y de la avenida Santa Fe. En esta última, por ejemplo, a la altura del shopping Alto Palermo, entre Coronel Díaz y Bulnes, los vendedores ambulantes exhiben la mercadería (camisas, camperas y remeras) en percheros, con los que corren presurosos cuando, muy de vez en cuando, ven acercarse un operativo de control.
«Es una locura lo que pasa en la ciudad, porque la policía no hace nada y nosotros tenemos que pagar fortunas en alquiler y en impuestos. Esto fue toda la vida así y, por lo visto, vamos para peor cada día», dijo Gerardo Cano, dueño de un negocio de venta de ropa en la avenida Santa Fe, casi esquina Bulnes.
Los vendedores ambulantes tienen cierto reparo en hablar del tema; la mayoría de los consultados afirman que no pagan canon para estar en la calle y que son artesanos. «Trabajamos acá porque no podemos costear un alquiler. No molestamos a nadie porque estas pilchas están hechas por nosotros», dijo Miguel, que vende camisas para mujeres que ofrece en una manta frente al shopping Alto Palermo. «Y vendo entre cuatro y cinco prendas por fin de semana», confesó.
La invasión, en cifras
Multas de $ 200 a 600: quien realice actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público porteño será sancionado económicamente, según el artículo 83 del Código Contravencional de la ciudad.
2123 puestos ilegales
Esa cantidad fue relevada en marzo pasado por la Cámara Argentina de Comercio en las calles de la ciudad.
Baratijas o similares: no constituye contravención la venta ambulatoria, en la vía pública o en transportes públicos, de baratijas o artículos similares y artesanías que no impliquen una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido.
«Mera subsistencia»: este término vago aparece en la normativa al momento de despenalizar la venta ambulante en los casos en que la persona que la ejerce lo haga para vivir. El proyecto del macrismo es eliminar las salvedades y prohibir esa actividad cuando no cuente con permiso.
24,8% la suba interanual
Este porcentaje subió la venta ilegal callejera en la ciudad en marzo, pasado respecto del mismo mes del año anterior.
Quién debe controlar: las policías Federal y Metropolitana, los fiscales de la ciudad y los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tienen facultad para hacer operativos de control sobre la venta ambulante. También inspectores del gobierno porteño, toda vez que los vendedores ambulantes ocupen ilegalmente el espacio público.
Mayores valores: un proyecto macrista plantea una suba en las multas a aquellos que infrinjan la ley. De $ 600 pasaría a $ 1000 para quien venda mercadería en la vía pública y de 30.000 a 60.000 pesos para quienes organicen la actividad.
Carnet oficial: además, la iniciativa plantea que los que realicen actividades lucrativas en la vía pública cuenten con una habilitación oficial otorgada por el gobierno porteño.
4,2% cayó la venta en plazas
En este porcentaje se redujo la venta ambulante en estaciones y plazas de la ciudad en marzo pasado, respecto del mes anterior.
Iniciativa postergada: el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, pidió a sus legisladores que demoren el proyecto hasta pasadas las elecciones.
Molestia: los comerciantes ven con preocupación el crecimiento de la venta ilegal callejera, ya que advierten que es «una clara competencia desleal» para su actividad.
Fuente: La Nación