El síndico general de la Nación, Daniel Reposo, recibió a trabajadores despedidos que reclaman una deuda por 7 millones de dólares y quienes le entregaron en mano un informe que «que confirma la apropiación irregular del canal por parte de Grupo Clarín con la anuencia de Menem».
«Clarín fue quién se apropió ilegalmente de nuestros salarios luego de haberse apropiado irregularmente de la emisora, que le permitió enriquecerse y transformarse en el dueño de la mayor cadena de televisión por cable de Argentina», expresaron en un comunicado de prensa.
Los trabajadores cesanteados que le reclaman a ARTEAR.S.A (nombre legal de Canal 13) aseguran que Reposo tiene ahora en sus manos pruebas que demuestran «la violación de pliegos licitatorios» por parte del grupo denunciado. A través de José Carbonelli, ex delegado del personal de Canal 13, los trabajadores reclamaron que también se investigue «si hubo ilícito por parte del ex presidente (Carlos) Menem, al entregarle la intervención política al Grupo Clarín, seis meses antes de su privatización definitiva», argumentaron.
Para ellos, esto permitió que el «dicho multimedio, en una posición de administrador de la empresa y principal oferente a la vez, obtuvo una posición privilegiada en desmedro de las demás empresas competidoras», lo que en la práctica -agregaron- «dejó como única ganadora de la licitación al Grupo Clarín».
«Menem hizo el pliegue licitatorio a medida y beneficio de ellos, a la vez que permitió que Clarín no pagara el 10% de los 120 millones de dólares de facturación anual que debía repartir Clarín entre sus trabajadores, como sucedió con otras empresas estatales privatizadas durante el menemismo», señala el texto.
En tanto, Carbonelli aseguró que el grupo «nunca pagó un solo peso ni por la compra ni por el alquiler del edificio», mientras que ratificó que el reclamo es solamente contra el multimedio y no contra el Estado, como sucedió con los trabajadores de la empresa estatal privatizada por Menem, SOMISA.
«Consideramos que la empresa ARTEAR S.A. debe ser sancionada con la quita de la Licencia, como sucedió con Aguas Argentinas y el Correo Argentino: por haber incumplido los pliegos les quitaron las respectivas licencias”, concluyó Carbonelli.
Fuente: El Argentino