La embestida del Secretario de Comercio Interior contra las consultoras privadas y la Justicia por las mediciones de la inflación, levantan polémica en la sociedad política y civil. Más voces se suman a las críticas contra el polémico funcionario.
Guillermo Moreno no se cansa de entrar polémicas, saliendo de una para entrar en otra, transcurriendo así sus días en la función pública. El proyecto oficial para que las consultoras privadas que miden la inflación presenten un índice acorde a las necesidades oficiales, sino por lo cual pagarían multas que van desde los 100 hasta los 500.000 pesos, ha levantado fuertes críticas en el ámibito político.
Una de las personas que salió a contestarle, fue el Consejero de la Magistratura de la Nación, Dr. Alejandro Fargosi, al sostener que “defender la independencia de la Justicia obliga a repudiar actos como éste, que buscan amedrentar tanto a los magistrados como a las consultoras como a las partes en litigio”.
El hombre de la Justicia, expresa que «han trascendido requerimientos de la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Guillermo Moreno a consultoras económicas para que informen a ese organismo qué datos suministran a la Justicia».
«El requerimiento, como bien lo han declarado los colegas Sabsay, Badeni y Monner Sanz, es ilegítimo. Afecta indirecta pero frontalmente a la Justicia, al inmiscuirse en un terreno que le es privativo y excluyente, como cualquier búsqueda de la verdad. De ninguna manera y en ninguna hipótesis puede el Poder Ejecutivo inmiscuirse en la tramitación de los pleitos que se sustancian ante el Poder Judicial, salvo cuando sea parte o cuando sea convocado por el Juez», sentenció el miembro del Consejo de la Magistratura.
Fargosi manifestó que «ese requerimiento, además, afecta a las consultoras requeridas, que ven retaceada su libertad de trabajo, con una prohibición que no surge de ley vigente alguna y que tiene no solo el efecto de amedrentamiento obvio, sino el costo económico que cualquier defensa legal supone».
Y continuó: «Esto afecta a cada uno de los 40.000.000 de argentinos, al pretender retacearles una forma válida de conocer la realidad del proceso inflacionario, mediante el silenciamiento de las consultoras y la obstrucción de un medio de prueba admitido desde hace cientos de años en la legislación procesal».
Finalmente, Fargosi subrayó que «sería idénticamente inconstitucional e ilegal que el gobierno pretendiese que cada uno de los cientos de miles de testigos que diariamente declaran en los Tribunales, le expliquen qué y porqué le han dicho al Juez. Defender la independencia de la Justicia obliga a repudiar actos como éste, que buscan amedrentar tanto a los magistrados como a las consultoras como a las partes en litigio”.
Fuentes: www.agenciacna.com