En una de sus primeras acciones, el juez federal Daniel Rafecas, decidió que la documentación obtenida en los allanamientos, realizados en el marco de la causa Hotesur, pasen a manos de Prefectura.
La custodia de la documentación, que se encuentra guardada en 3 discos rígidos, pen drives y DVD´s, se encontraba en manos de la Policía Metropolitana, la misma fuerza que se utilizó para llevar a cabo los operativos. Ahora, por orden del magistrado, los datos recabados por Bonadío pasarán a la Secretaría de Seguridad, que depende del ultrakirchnerista, Sergio Berni.
La noticia fue difundida por el matutino Clarín, donde se informó , que, en primera instancia, Rafecas le solicitó a la Metropolitana el resguardo de la información, no obstante, ahora ordena el traslado hacia dependencias dirigidas por allegados al Ejecutivo.
La información en cuestión había sido obtenida en una serie de allanamientos en Río Gallegos, El Calafate y Bariloche, ordenados por el desplazado juez Claudio Bonadío. Cabe recordar que el juez había manifestado su preocupación por el destino de los datos obtenidos, con él apartado de la causa.
Por su parte, Bonadío no llegó a analizar lo recabado en lo allanamientos porque fue rápidamente apartado de la causa. Por lo tanto todo fue enviado directamente al juzgado de Rafecas, el mismo magistrado que desestimó la denuncia de Nisman.
Cabe recordar que el juez había sido apartado de la causa por solicitud de la prima de la Presidente y titular de la empresa Hotesur, Romina Mercado. Por sus parte, entre la información secuestrada se encontraban datos obtenidos de la inmobiliaria de Máximo Kirchner.
«La medida sancionatoria contra el juez que investiga los negocios del poder ha sido desproporcionada y arbitraria. Pero lo que agrava la situación es la posibilidad de que por esa vía se terminen perdiendo las pruebas sobre los movimientos económicos, comerciales y financieros de las sociedades que servirán como prueba para el esclarecimiento de los delitos que se investigan», había afirmado la semana pasada a La Nación la diputada nacional, Margarita Stolbizer, adelantanto su preocupación por el destino de las pruebas.
Por su parte, al conocerse la decisión del nuevo juez al frente de la causa, muchos cuestionaron que sea una fuerza que depende de un funcionario cercano a los Kirchner, quien resguarde los datos más recientes de la causa que investiga, por presunto lavado de dinero, a una empresa de la familia Kirchner