El Ejecutivo entregó mediante un pagaré más de $ 7,6 millones a la compañía española Isolux para la construcción de la usina de carbón en Santa Cruz; la empresa también está vinculada al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el pago de supuestas coimas.
A pesar de las sospechas que involucran a la empresa encargada de la construcción de la central termoeléctrica a carbón en Río Turbio, en Santa Cruz, el Gobierno continúa financiando la obra.
En medio de las polémicas, el Ejecutivo emitió un pagaré con vencimiento 17 de junio de 2011 a favor de la empresa Isolux por 1,46 millones de euros -equivalente a $ 7,6 millones- para que haga frente a más gastos demandados por la obra en la provincia de los Kirchner. La empresa está bajo sospecha por el presunto pago de coimas a Manuel Váquez, asesor del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, mientras que la central termoeléctrica acumula denuncias por sobreprecios y es investigada en la Justicia.
«Dispónese la emisión de un pagaré del estado nacional con fecha 17 de diciembre de 2010, por un total de euros un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos catorce con cinco centésimos (1.446.214,05 euros) a favor del Grupo Isolux Corsan y otros – U.T.E., con vencimiento 17 de junio de 2011 para proceder a la cancelación de los adelantos a proveedores por la adquisición de los componentes extranjeros para la obra ‘construcción, bajo la modalidad llave en mano de una central termoeléctrica a carbón’, en la Localidad de Río Turbio, Provincia de Santa Cruz adjudicada por la Resolución Nº 103 de fecha 6 de diciembre de 2007 de la secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal», dice el primer artículo de la resolución conjunta 391/10 y 118/10 de la secretarías de Finanzas y Hacienda.
«Para la concreción del proyecto citado, resulta necesaria la emisión de instrumentos de endeudamiento público con el objeto de financiar la adquisición de los componentes de la obra que son en su mayoría extranjeros», indican los fundamentos de la norma para no dejar dudas.
Según afirmaron desde Isolux a lanacion.com, se trata de «un pagaré en garantía que se endosa al Banco Nación y que sirve de respaldo» para que, sumado a una garantía corporativa que agrega la empresa, el Commerzbank alemán deposite ese dinero. «Todo el equipamiento queda a nombre del estado nacional, son 300 millones en compras», completaron. Aclararon, en definitiva, que lo que está haciendo el Gobierno es «financiar la operación de compra».
El tren bala. Las últimas indagaciones de la Justicia revelaron que Isolux fue una de las empresas españolas que fueron presionadas por el asesor de Jaime para contribuir en la campaña de Cristina Kirchner. A partir de ese momento, quedó bajo sospecha la adjudicación de la millonaria obra en Río Turbio.
Pero además, la empresa española Isolux debió salir a negar que haya mantenido negociaciones con Vázquez en relación con el proyecto del tren bala, y desmintió que les hayan reclamado el pago de «costos políticos» por el negocio, hecho que figura en uno de los tantos e-mails que el asesor de Jaime tenía en sus computadoras.
«No tenemos ni tuvimos ningún contrato con Vázquez ni con Lorente [Miguel, socio de Vázquez en España] nunca, por ningún tema», afirmó entonces a LA NACION el presidente de Isolux Argentina, Juan Carlos de Goycoechea. «Hemos invertido 7 millones de euros en una obra que no se hará jamás [por el tren bala]. Es insólito que se crea que hayamos pagado coimas», ratificó el directivo a este medio.
Los sobreprecios. En tanto, en octubre pasado, se conoció que el proyecto, por el que el Gobierno pagaría unos $ 2600 millones, estaba bajo la lupa de la Justicia. Por un lado, se la investiga por presuntos sobreprecios. Según la denuncia, se pagará por esta obra tres veces el costo internacional promedio y un 174% más que lo invertido por Chile para hacer una central térmica «de similares características preciada en la misma época».
«La chilena es una central con tecnología china de hace 40 años, sin control de emisiones», indicó de Goycoechea a lanacion.com. «Nosotros estamos trabajando con tecnología finlandesa. No hay que comparar peras con olmos», señaló sobre la denuncia que se originó desde la Coalición Cívica.
Meses atrás, y a través de una solicitada, la empresa y el Ministerio de Planificación, que dirige Julio De Vido, debieron salir a negar que hubieran existido presuntos sobreprecios en la obra que la firma encabeza en Río Turbio.
Con la misma justificación que ahora, Isolux rechazó el contenido de la denuncia penal que motivó un expediente en la Justicia. Afirmó que la central de Río Turbio «no es una usina estándar» porque tiene tecnología «más sofisticada que lo habitual», lo que no haría comparable su precio con el de otras centrales.
La empresa afirmó que es, «como mínimo, inapropiado» comparar el precio de la obra de Río Turbio con la chilena de Puchuncaví (que habría costado un 174% menos por MW) por la sofisticación de la primera y su ubicación geográfica.
Los presuntos sobreprecios en la obra son investigados por el juez federal Claudio Bonadio, que ordenó en ese momento un peritaje sobre los costos de la usina. En el requerimiento de instrucción de este expediente, el fiscal federal Guillermo Marijuán individualizó como imputados De Vido; al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y a dos ex subsecretarios provinciales.
Fuente: Por Francisco Jueguen
De la Redacción de lanacion.com
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