Más allá de que públicamente hayan salido con los tapones de punta contra la presentación de los acreedores para bloquear el Bonar 24, hay intranquilidad en los pasillos oficiales. Podría frenar nuevas emisiones para pagar Boden 15 en octubre.
Mientras que públicamente el Gobierno se muestra confiado y acorazado por los embates de los fondos buitre, la nueva presentación que éstos realizaron el lunes donde le piden al juez Thomas Griesa que incorpore al Bonar 2024 en la «lista negra» de bonos a ser bloqueados empezó a preocupar a funcionarios.
Si bien en pasillos oficiales se repite, tal como lo hizo el mismo Ministerio de Economía mediante un comunicado, que el Bonar es «deuda doméstica denominada en moneda extranjera, que nada tiene que ver con la jurisdicción de EEUU», precisamente que el desenlace quede en manos del juez Thomas Griesa es lo que abre un profundo interrogante.
«De Griesa se puede esperar cualquier cosa», repiten en pasillos oficiales, atajándose por lo que decida el magistrado que tiene un récord impecable en fallar en contra de la Argentina (más aún cuando desde el Ejecutivo se veían ganadores). Según la misma visión oficial, el juez debería desestimar el pedido de los fondos buitre más aún porque -acotan- «no tienen pruebas».
En este caso habría cartas que no fueron mostradas por parte de los acreedores. La presentación que hicieron el lunes está plagada de citas periodísticas, algo que no tendría validez. La cuestión más allá de las pruebas (o carencia de estas, en todo caso), es la interpretación de los hechos que haga Griesa.
En ese frente, la Argentina y los abogados que representan al país de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton no deberían sentirse muy confiados. Del análisis que hará Griesa sobre el Bonar 24 se desprenderán distintos puntos a ser considerados. Todos, en definitiva, deberán determinar si el Bonar (desde que se emitió originalmente hace un año), se «ofreció en el exterior y por ende es deuda externa» tal cual sucedió con los bonos Par y Discount cuyos pagos están bloqueados.
El especialista en reestructuraciones de deuda, Eugenio Bruno, del Estudio Garrido, afirma que «el principio general es que los bonos bajo ley y jurisdicción argentina no es deuda externa». «Pero al igual que cualquier otro esquema de bonos soberanos, existen excepciones a dicho principio general. La principal excepción es lo que se denomina ‘ofrecimiento en el exterior’ -un bono bajo ley argentina ofrecido afuera-«, enumera.
«La determinación sobre ‘el ofrecimiento en el exterior’ depende de los hechos e interpretación de ellos por los jueces. En términos de prueba, cada uno de los tres casos (canjes, Boden y Bonares) son distintos. En el caso del Bonar 24 además el análisis se debe subdividir en tres: Repsol, Canje de diciembre 2014 y colocación reciente. La prueba determinará cómo fue el proceso de ofrecimiento en cada caso», concluyó el especialista.
Claramente en el caso del Bonar hay «interpretaciones» que pueden jugarle en contra al Gobierno. Por ejemplo, que el día siguiente al que emitieron el bono las reservas del BCRA subieron u$s1.247 millones por el «ingreso» de fondos de esa emisión. Eso lo festejó el mismo Alejandro Vanoli por su cuenta de Twitter y en declaraciones posteriores a medios oficialistas.
Más atrás en la historia, otro argumento es que parte importante del Bonar fue emitido para pagarle a Repsol por la expropiación de YPF. Esa acuerdo para la compensación a Respol llegó a buen puerto sólo porque el JPMorgan se comprometió a comprar los bonos a la petrolera española y luego venderlos en el mercado. Ni Repsol ni JPMorgan tienen Bonar 24 en cartera. Está todo en manos de inversores.
¿Qué dirá Griesa? No se sabe, como tampoco si los demandantes tienen «cartas debajo de la manga», léase pruebas contundentes, que demuestren que el país orquestó una maniobra para vender títulos en el exterior esquivando el fallo del magistrado.
Por lo pronto, el pedido de Aurelius efectuado el lunes decía que le daba a los abogados de Argentina catorce días para que respondan a la moción presentada ante el juzgado de Griesa. El magistrado ya había avisado que pedirá pruebas para avanzar en la causa, si es que amerita.
«No debería pasar nada. La lógica indicaría que no avanzarán porque no tiene pruebas. No las tuvieron para frenar la operación del Bonar, tampoco tienen nada ahora», sueltan en Gobierno. Confiados, no. Esperanzados, quizás.
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