Enviaron una nota a tres firmas para que informen si están fiscalizando semillas. Serían suspendidas del Registro de Granos.
Durante la jornada de este viernes la Dirección de Matriculación y Fiscalización envío una nota a tres empresas agroindustriales intimándolas a que informen si efectivamente están exigiendo el pago de regalías a los productores.
La jugada oficial responde a la polémica generada por la denominada “cláusula Monsanto”, que implica la realización de testeos de camiones por parte de la multinacional (con apoyo de otras empresas del sector) para determinar el uso o no de la tecnología “RR 2” o “Intacta”.
Las fuentes consultadas contaron que las cartas fueron enviadas a Compañía Argentina de Granos, Toepfer y ADM. En caso de que las empresas no respondan en el plazo de 10 días serían suspendidas del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA).
En rigor, en el ámbito del Ministerio de Agricultura hay un fuerte malestar con los directivos de las cuatro entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace que en las últimas horas emitieron un comunicado conjunto criticando al Gobierno nacional y a Monsanto.
El tema es que, tal como adelantó LPO, la semana pasada el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, presentó un nuevo sistema de control de semilla fiscalizada y uso propio controlado, cuyo rendimiento está siendo evaluado en estos días.
Por tal motivo, los representantes técnicos de las entidades y el segundo del ministro Carlos Casamiquela, acordaron volver a reunirse en unas semanas para analizar en detalle el funcionamiento del sistema de control de semillas.
Es más, en la última reunión entre las partes involucradas hubo consenso acerca del derecho de Monsanto de comenzar a cobrar por su producto, aunque se rechazó el método de testeo de camiones que implementó la empresa durante los últimos días.
Es decir, en la pelea entre Monsanto y las entidades, el Gobierno arbitró a favor de los productores en el sentido terminar con la fiscalización privada de las empresas y del lado de la multinacional para que ésta pueda cobrar regalías por su producto.
El sistema generó un fuerte rechazo de los dirigentes del campo que se mostraron molestos por lo que consideraron una suerte de aduana privada de Monsanto para cobrar por el uso de una tecnología que está protegida por leyes de propiedad intelectual.
Como sea, el otro dato político de importancia gira en torno a que, por primera vez en el año y tras el acuerdo entre FAA y el kirchnerismo, la Mesa de Enlace logró consensuar una posición conjunta sobre uno de los temas del momento en el sector agropecuario.
“Monsanto aprovecha la inacción del Estado para asumir el rol de fiscalizar la producción de soja e imponer así retenciones”, apuntó el sorpresivo comunicado que contó, después de mucho tiempo, con los logos de FAA, SRA, CRA y Coninagro.
“Exigimos a las autoridades nacionales que de manera urgente tomen cartas en el asunto para evitar que Monsanto o cualquier empresa privada, imponga un régimen inaplicable, arbitrario e constitucional”, señaló el comunicado.
“La pretensión de Monsanto de fiscalizar toda la producción de soja en la Argentina y de obligar a retener compulsivamente un canon en su beneficio, constituye un sistema contrario al régimen legal argentino”, concluyeron las entidades.
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