El descubrimiento se produjo a 200 kilómetros de donde desaparecieron los 43 estudiantes; por ahora no se establecieron vinculaciones entre ambos hechos.
CIUDAD DE MÉXICO.- El espeluznante hallazgo de 61 cadáveres en un crematorio abandonado cerca de Acapulco, a 200 kilómetros de donde desaparecieron los 43 estudiantes en septiembre pasado, abrió ayer un misterio en lo que podría ser una nueva página en la ola de violencia que sacude al país.
Sin embargo, el procurador fiscal que investiga el caso, Miguel Ángel Godínez, advirtió que la investigación recién comienza y no descartó que en realidad se trate sólo de una negligencia de la empresa funeraria, sin vinculación con la violencia narco que tiene en vilo a México desde hace varios años.
«Tenemos confirmado que se encontraron 61 cuerpos. Hablamos de una clara violación a las leyes de sanidad del estado de Guerrero», dijo Godínez.
También explicó que por ahora investigan «cómo es que llegaron ahí esos cuerpos», y que puede tratarse sólo de un «fraude» de los responsables del recinto por «no haber cremado los cadáveres», que estaban «perfectamente embalsamados».
El hallazgo fue posible por una llamada de los vecinos a las autoridades por el olor fétido que se verificaba en las inmediaciones del crematorio abandonado, en la ruta Cayaco-Puerto Marqués, en las afueras del balneario de Acapulco.
El lugar está a unos 200 kilómetros de Iguala, donde en septiembre pasado desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal de Magisterio de Ayotzinapa, tras ser atacados por policías locales que aparentemente los entregaron al cartel narco de Guerreros Unidos.
Del total de estudiantes, uno solo, Alexander Mora, de 19 años, pudo ser identificado gracias a las pruebas de ADN realizadas sobre restos incinerados, hallados junto al río San Juan, a decenas de kilómetros del lugar de la desaparición. Pero aún se ignora la suerte del resto.
La funeraria privada donde anteanoche se produjo el hallazgo, Cremaciones del Pacífico, estaba cerrada desde hacía un año.
El macabro descubrimiento fue realizado por peritos del Servicio Médico Forense (Semefo), que trabajaron toda la madrugada para trasladar los cuerpos a la morgue, mientras dos propietarios del predio fueron detenidos.
Versiones no oficiales señalaron que la cifra de cuerpos podría rebasar el centenar, pero las autoridades aseguran por ahora que sólo son 61, aunque hay en algunos casos sólo extremidades o cadáveres incompletos.
Los cuerpos, que estaban «preparados para su cremación», serán sometidos a «estudios de antropología forense, genética, criminalística de campo, fotografía forense, medicina forense y odontología forense», indicó la fiscalía en un comunicado.
Esas pruebas permitirán establecer «la causa legal de la muerte», así como «la fecha y hora probable de su deceso», apunta la nota, según la cual entre los cadáveres había «mujeres, hombres y niños».
La fiscalía señaló también que abrió una investigación «en contra de quien resulte responsable por la posible comisión de los delitos contra el respeto a los cadáveres o restos humanos, y contra las normas de inhumación y exhumación».
Precisó que la presidenta de la Asociación de Funerarias de Guerrero y responsables de las funerarias de Acapulco indicaron a las autoridades que el crematorio, propiedad de Guillermo Estua Zardain, estaba «cerrado desde hacía un año por quiebra o fraude».
La fiscalía dijo que había pedido a las funerarias los contratos celebrados con el crematorio, así como los expedientes de las personas que enviaron desde 2013 hasta la fecha, «para determinar el tipo de persona, sexo, nombre y pueda realizarse la identificación y la comparación genética».
«Al no haber cremado los cadáveres, se incumplieron las normas sanitarias de carácter federal, estatal y municipal», aseguró.
De todas maneras, el hallazgo no deja de sumar horror a un país como México, que, desde hace más de ocho años, está sacudido por una ola de violencia que hasta ahora sumó 125.000 muertos, 250.000 desplazados y unos 22.000 desaparecidos, según fuentes independientes.
La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa profundizó además la grave crisis política y social que afecta al presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió hace apenas dos años, pero ya encara serios problemas de credibilidad.
Los familiares de las víctimas criticaron la lentitud del mandatario para tomar cartas en el asunto y los escasos resultados logrados hasta ahora.
Durante la gestión de Peña Nieto, la Policía Federal ya localizó un total de 479 osamentas en fosas clandestinas de diversas localidades del país.
De hecho, en los hallazgos de los últimos meses siempre se conjeturó sobre si se trataba de los estudiantes desaparecidos.
«Todo el país es una fosa clandestina», afirmó en octubre pasado el sacerdote y activista en favor de los migrantes, Alejandro Solalinde.
Agencias AP, ANSA y DPA