La audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán (Epret) en el teatro Orestes Caviglia, en San Martín al 200, se desarrolló con normalidad. En contraste con la sala llena, afuera sólo unas 20 personas protestaron durante los casi 150 minutos que duró el debate, de carácter no vinculante.
El primero en exponer fue el gerente general de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), Günther Hoffman. Explicó que la evolución del índice representativo de los costos de la prestación del servicio desde la última actualización (16 de junio del año pasado) a noviembre de ese mismo año, mostró un crecimiento acumulativo del 14,1%. «Se debe destacar que la evolución que presenta la economía en general, y en particular la relacionada con la efectividad de comercialización y distribución de energía eléctrica, afecta sensiblemente los costos de prestación del servicio», afirmó.
A continuación, Claudio Bulacio, gerente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), entidad nacional conformada por 45 empresas del rubro, avaló la solicitud de EDET. «Las tarifas deben ser calculadas teniendo en cuenta los principios, que ya están establecidos en la Ley 24.065, de Marco Regulatorio Eléctrico, a la cual adhirió la provincia mediante la Ley 6.608. La distribuidora debe contar con tarifas justas y razonables, que le permitan cubrir costos», argumentó.
«No vamos a hacer una apología de los aumentos, pero no podemos desconocer la variación de precios», manifestó a su turno Ángel Lescano, del sindicato de Luz y Fuerza.
Los cuestionamientos
Carlos Ponce de León, en representación de la Defensoría del Pueblo, fue el primero en rechazar los análisis de costos, así como también el pedido de que la suba en la tarifa sea retroactiva. «La empresa pretende que el incremento del Valor Agregado de Distribución (VAD) tenga una vigencia que se remonte a junio. Conceder esa pretensión configuraría un acto inconstitucional», dijo. A la vez, solicitó que se amplíe el alcance de la Tarifa de Interés Social (TIS), para que vaya de los actuales 300 kilovatios por hora (kwh) a los 450 kwh.
Justamente, Raúl Giménez Lascano, de la ONG Defensa de Usuarios de Abastecimientos y Servicios (Dudas), solicitó que la TIS no se aplique por igual a ricos y a pobres. «Que no se base en la cantidad de kwh consumidos sino en los verdaderos índices de pobreza», demandó.
«No entendemos por qué debemos pagar impuestos municipales, provinciales o comunales en la boleta de EDET», planteó por su parte José García, del Frente de organizaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios (Fodecus). «El servicio que presta la empresa no es acorde a los reiterados incrementos que se vienen dando», reclamó.
La consorcista Marta Vargas, en tanto, recordó que el directorio del Epret nunca contó con un representante de los usuarios. Por último, el ex camarista penal Carlos Ruiz Vargas pidió al Epret que rechace el pedido de EDET.
Fuente: La Gaceta