El ministro de Defensa y precandidato presidencial del kirchnerismo, Agustín Rossi, se refirió a un eventual desplazamiento del jefe del Ejército, César Milani, investigado en la Justicia por su presunta participación en la desaparición del conscripto Alberto Ledo en 1976.
Rossi sostuvo que en caso de que Milani sea procesado en alguna causa por supuestos delitos contra los derechos humanos, su salida dependerá de la decisión de la presidenta Cristina Kirchner.
«En este año y medio que estoy en Defensa he aprendido que en materia de defensa, las decisiones no se anuncian, se toman. Si la Presidenta en algún momento decide tomar una decisión, la tomará la Presidenta», afirmó Rossi al respecto.
«Cuando enviamos los pliegos [de ascensos] al Congreso aparecieron las objeciones, se estaba al comienzo de la campaña electoral de 2013, y la Presidenta le dijo al presidente del bloque de senadores oficialistas que se pospusiera ese tratamiento hasta diciembre de ese año. Inducimos que Milani se presente voluntariamente a la Justicia donde se le abrieron causas», recordó Rossi en diálogo con radio Continental.
«No hubo modificación de la situación procesal, el Senado aprobó el acuerdo [para el ascenso de Milani a teniente general] y estamos en la misma situación», agregó.
En diciembre, un fiscal tucumano, Carlos Brito pidió la indagatoria de Milani en la causa por la desaparición de Ledo. Tras ese reclamo, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, sostuvo que Milani, «seguramente pasará a retiro» si «existiera algún elemento» para que se dicte un procesamiento en su contra.
Sobre esta apreciación del funcionario nacional, Rossi opinó: «Aníbal dijo: ‘yo como senador leí claramente el pliego de Milani y no encontré absolutamente nada causal de procesamiento’, y después hizo referencia en el caso del [almirante Jorge] Godoy y del [general Roberto] Bendini». Godoy, a cargo de la Armada, y Bendini, frente al Ejército, fueron pasados a retiro años atrás, luego de que la Justicia los procesara en distintas causas judiciales que tenían abiertas.
Fuente: La Nacion