Los estados nacional y de la provincia de Buenos Aires pidieron disculpas públicamente a una joven con discapacidad que quedó embarazada producto de una violación y a quien se le negó sistemáticamente el acceso al aborto legal en un hospital público bonaerense hace ocho años.
Se trata de la primera vez que en el país se lleva a cabo un acto de reparación simbólica por una violación de los derechos sexuales y reproductivos.
El caso corresponde a Miky (LMR), una joven humilde que posee un retraso madurativo y que tenía 19 años en 2006, cuando fue violada por un tío político, y a quien se le negó en la provincia de Buenos Aires el acceso al aborto legal, por lo que debió realizar esa práctica en el circuito privado clandestino.
Luego de ello, Católicas por el Derecho a Decidir, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer llevaron en 2007 el caso ante la CDH.
La ceremonia se realizó en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, en La Plata, en el marco de una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Esta resolución planteó el 20 de marzo de 2011 que la obstrucción del aborto permitido por el Código Penal constituyó una violación de los derechos humanos de la joven y le ordenó al país proporcionarle «medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada» y «tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro».
En agosto pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la de la Nación acordaron con las ONG que llevaron adelante la demanda ante el CDH una serie de medidas de reparación para la joven.
Estas medidas debían incluir la cobertura médica, la incorporación a un programa de inserción laboral, una vivienda y el pago de una indemnización.
La madre de Micky, Vicenta, pidió en el acto «que se cumpla la ley para el aborto y que se haga en el momento» y recordó que cuando llevó a su hija al hospital público le sugirieron que tuvieran al bebé y luego lo dieran en adopción.
«Pero la ley no dice eso. Deberían haberle practicado el aborto. El Estado no estuvo presente. Pido que el aborto sea legal y que no le pase a nadie más lo que le pasó a mi hija», manifestó la mujer, visiblemente emocionada.
Por su parte el Secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto, se comprometió a indemnizar económicamente a la familia y a «tomar medidas para que esto no se repita nunca más».
El funcionario dijo a Télam que «este es un reconocimiento de la responsabilidad estatal por medio de la reparación pública» y añadió que «además de pedirle perdón a Miky, vamos a decirle que gracias a ella, se comenzó un camino inédito en el reconocimiento de la responsabilidad y el trabajo para que nunca más una mujer sea víctima de abusos y arbitrariedades por parte del Estado».
«Estamos sentando un precedente porque es el primer caso en que las provincias, con el acuerdo de Nación, está reconociendo una cosa así. La resolución de Naciones Unidas condenó al Estado nacional, no a la provincia, pero nosotros nos hacemos cargo, sentando un precedente», explicó.
Carlotto precisó que «esta reparación pública, nos lleva a pensar en el Estado, en las funciones que debe cumplir y en que quienes cumplimos funciones en el gobierno no podemos ser vulneradores de derechos».
En este sentido agregó que «los funcionarios somos responsables directos por toda acción o inacción».
Sostuvo que «hoy pedimos perdón en nombre del estado provincial a Miky» y afirmó que «yo quiero profundizar la política de derechos humanos».
En tanto, el Subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, Carlos Pisoni, dijo que «este acto de reparación es muy emocionante» y agregó que «se ha cometido un error y un horror con este caso; en nombre del Estado nacional y provincial pedimos perdón a MLR y a su familia».
«Perdón por no haber accedido a los derechos que tienen, por todo lo que sufrieron y por no haber accedido a la Justicia», afirmó y recordó que «Néstor Kirchner pidió perdón por errores del Estado. Hoy nos hacemos cargo de estos errores para que no vuelvan a suceder. Por eso estamos acá. Esto no es un acto simbólico, sino mucho más que eso».
Estuvieron presentes las decanas de la Facultad de Periodismo, Florencia Saintout, y de Trabajo Social, Alejandra Walgner; las diputadas provinciales Lucía Portos y Karina Nazábal.
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