Al kirchnerismo le sobró un solo voto y el pampeano y la aliada de Sapag fueron aliados clave. Diputados la sanciona la semana próxima.
El Gobierno logró finalmente que el Frente para la Victoria aprobara la ley de telecomunicaciones en el Senado, pero lo hizo con 38 votos, sólo uno más que la mayoría propia y por la ayuda del pampeano Carlos Verna y la neuquina Lucila Crexell.
El debate se había suspendido dos veces por la resistencia del bloque oficialista al proyecto que envió el Ejecutivo que hizo inevitable buscar aliados en la oposición.
Tras más de 40 cambios realizados en comisión, la semana pasada Miguel Pichetto volvió a llamarla para otros retoques, que de todos modos no conformaron a la oposición.
“Los cambios han sido buenos. Van en el sentido de poder defender la participación de las empresas más pequeñas”, admitió Verna, aunque sostuvo que cuando se licitó el 3G y el 4G, una parte del espectro -por lo menos del 3G- se debería haber reservado a las cooperativas y empresas provinciales”.
El voto de Crexell tampoco estaba garantizado la semana pasada y terminó siendo clave para enviar el proyecto a Diputados.
Los principales cambios fueron la prohibición a las telefónicas de brindar servicios audiovisuales por satélites, la protección a las cooperativas locales y la creación de una autoridad de aplicación mixta, integrada por legisladores y especialistas.
También se restableció a la telefonía fija como «servicio público», luego de que la primera versión de la iniciativa le quitara ese aspecto y la dejara sin regulación de tarifas.
Esta situación sí seguirá de ese modo para los teléfonos celulares, que pese a los reclamos de la oposición no fueron declarados servicio público y tendrá libertad para fijar tarifas. «Representan el 75% de la rentabilidad de las empresas y no estarán reguladas», se quejó el socialista Rubén Giustiniani.
«Pregúntenle a las cooperativas si querías eso», lo desafió sobre el final Liliana Fellner, presidenta de la Comisión de Comunicación, miembro informante y oradora de cierre del oficialismo.
«Esta es la primera regulación por ley», celebró la jujeña al inicio de la sesión. Hasta ahora el sistema de telecomunicaciones se rigen por un decreto del gobierno de facto de Alejandro Lanusse de 1972 y otro firmado por el ex presidente Fernando De la Rúa.
La jujeña aseveró que la propuesta defiende «la privacidad de nuestras comunicaciones», establece la actividad «como un servicio universal para todos los usuarios en condiciones de calidad y a precio razonable», garantiza «la neutralidad en la red» y «toma al territorio nacional como una sola área de servicio, por eso se elimina el servicio de larga distancia, un beneficio para los usuarios».
«Declara el carácter de servicio público esencial y estratégico el servicio de Internet y el acceso a la fibra óptica», afirmó Fellner, aunque reconoció que también «se permite a licenciatarios de TIC (Tecnología de Información y Comunicación) a ingresar al servicio audiovisual», pero «prohíbe a las telefónicas bajar imágenes por la vía satelital» y obliga «a las empresas comunicación de audiovisual que sean parte de una compañía de TIC a armar unidades económicas separadas para poder operar».
Afirmó que el proyecto defiende a las PYMES y cooperativas que son las que prestan servicio en las zonas donde «las multinacionales de altísimo poder económico y de penetración» no lo hacen y aseveró que esas pequeñas y medianas empresas «son las que nos dan la última milla, son las que llegan a nuestro hogar». Para Fellner, la iniciativa «garantiza el derecho humano a la comunicación» y combate «las posiciones monopólicas y los abusos de posición dominante».
El jefe del bloque radical, Gerardo Morales, justificó el voto en contra de su bloque con el mismo reclamo. “Este proyecto se queda a medio camino y lo que está haciendo es beneficiar a las telefónicas”, consideró.
El debate
El radical correntino Eugenio Artaza reconoció que con los últimos cambios incorporadas a la norma «han mejorado el proyecto», pero afirmó que «las que más van a festejar con esta ley son las grandes corporaciones telefónicas, más que las PYMEs y las cooperativas».
«En realidad concentra más la actividad en grandes empresas telefónicas», insistió el radical y alertó que, si la intención del oficialismo era beneficiar a los usuarios, debió «declararse servicio público a la telefonía móvil, que es el centro del negocio», al explicar las razones por las cuales el radicalismo no acompañaba la propuesta.
También, destacó que «hubo poco debate de los usuarios» y recordó que «hay más quejas sobre la telefonía móvil que de los bancos. Hay que ser más malo que los banqueros», ironizó, para recordar que «esta ley le levanta la prohibición a las telefónicas para dar televisión por cable», presente en los decretos que regulan el sector.
La adolfista Liliana Negre afirmó que «en esta ley se está avanzando en facultades originarias y no delegadas por las provincias», agregó que tampoco «garantiza el acceso gratuito a Internet, para darle vigencia activa a este derecho humano de tercera generación» y «permite a las empresas TIC dar el servicio audiovisual, con excepción del que se brinda a través del vinculo satelital», pero dijo que «pueden ser dueños de un canal o de operadoras de televisión por cable».
Fellner replicó a Negre, al señalar que con los artículos 94 y 95 «se equipara a las cooperativas a dar el servicio Telco, ya que -según detalló- las empresas Telco podrán dar el servicio audiovisual, después de que haya un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia con carácter vinculante».
A su turno, el senador por UNEN Fernando Solanas se preguntó «por qué salimos a defender los intereses de un grupo lamentable en la historia de la Argentina contemporánea como es Telefónica» y afirmó que «lo que está en disputa es el control de las autopistas de la información», al tiempo que aseguró que la ley en vez de abrir «nuevas redes, está concentrando».
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