Lo hacen en Salta, Corrientes y Mendoza. Persisten las celdas y salas de aislamientos y hay niños sujetos a contenciones físicas, alojados junto con adultos.
Clínicas psiquiátricas de al menos tres provincias aplican electroshock y aún persisten las celdas y salas de aislamiento para pacientes, advirtió ayer el organismo que controla la aplicación de la ley de Salud Mental, que constató una «creciente disposición» para internar a niños y medicarlos y consideró que la Justicia debe intervenir en las muertes de pacientes en contexto de encierro.
El informe, basado en 86 monitoreos en 30 instituciones públicas y privadas de salud mental realizados en el primer semestre de 2014, fue difundido por la Secretaría Ejecutiva del Organo de Revisión de la Ley de Salud Mental, integrado por los ministerios de Salud y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El organismo creado a partir de la ley reglamentada en 2013 manifestó que se detectaron «prácticas de tratamiento y atención que violaban los derechos de personas con padecimientos psicosociales, usuarias de servicios de salud mental».
El centro se pronunció en contra de la aplicación de la Terapia Electro Convulsivante (TEC), conocida como electroshock, manifestó que se utiliza en Salta, Corrientes y Mendoza, y sostuvo que en la ciudad de Buenos Aires se detectaron casos, pero fueron frenados por la Justicia. Se trata de una práctica que es defendida incluso por profesionales de la salud y que cuesta erradicar y en el ámbito privado es muy habitual», describió Graciela Iglesias, Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental.
El relevamiento reportó que encontró niños con padecimientos mentales sujetos a contenciones físicas e internados con adultos en clínicas de salud mental y advirtió que la práctica «representa mal trato, abuso y tortura sobre la integridad psíquica y física». «Se constató la creciente disposición de internaciones y medicalización de niños pequeños», expresó el informe, y afirmó que las medidas de contención física deben ser analizadas en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Los fallecimientos de las personas con padecimientos mentales ocurridos en contexto de encierro en instituciones públicas y privadas, afirmó el organismo, deberán ser consideradas como «muerte dudosa» y manifestó que la investigación «es responsabilidad de los jueces».
El relevamiento también detectó celdas y salas de aislamiento para pacientes, prohibidas por el artículo 14 del decreto reglamentario de la ley de Salud Mental 26.657, en las clínicas privadas bonaerenses Betharram, Estancia del Pilar y San Michele y en el Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn, de Melchor Romero. Asimismo, más de 100 personas internadas en la Clínica de Reposo Nuestra Señora de Betharram, ubicada en la localidad bonaerense Turdera, fueron trasladadas a otras instituciones tras detectarse «estado de abandono extremo» y sometidos a «trato inhumano, denigrante, iatrogénico y en abierta violación al deber de garantizar la dignidad de las personas».
El informe sostuvo que la clausura había sido ordenada por el Ministerio de Salud bonaerense, pero la clínica no acató la orden.
El organismo también hizo monitoreos en dos instituciones públicas monovalentes, dos clínicas psiquiátricas privadas y una comunidad terapéutica, en las que detectó personas internadas por períodos mayores a 10 años y «no se observó adecuación a la normativa vigente en materia de consentimiento libre e informado». Asimismo, advirtió que en la ciudad de Buenos Aires las autoridades responsables del área de Salud Mental «se han negado constantemente tanto a mantener contacto como a revisar las prácticas jurídicas y sanitarias que se utilizan en las instituciones» porteñas. DyN, Télam.