Si luego del cambio de gobierno un juez independiente se hace cargo del ex jugado de Blanco, podría quitarle a Cassanello la causa Báez.
El interés del gobierno nacional por imponer al sucesor del fallecido juez federal de La Plata, Manuel Blanco, tendría razones que irían más allá de la importancia de ese juzgado por tener competencia electoral en Buenos Aires, el distrito que concentra el 40 por ciento de los votos del padrón nacional. Un mes atrás, el kirchnerismo fracasó en el Consejo de la Magistratura en su intento de designar como juez federal de La Plata a Laureano Durán, secretario judicial e hijo de un fallecido camarista platense ligado al ministro de Justicia, Julio Alak. Finalmente, la Cámara Federal de La Plata dispuso que el juez de ese fuero, Adolfo Gabino Ziulu (titular del juzgado federal Nº 2 de la capital bonaerense) sea el subrogante del Juzgado Federal N° 1.
La realidad sería que la presidente estaría seriamente preocupada porque su entorno no puede, al menos por ahora, designar a un hombre propio como sucesor de Blanco. Lo que estaría en juego sería nada menos que la investigación judicial que más preocupa a los Kirchner: el caso Báez.
El 10 de abril pasado, el fallecido juez federal Blanco procesó con prisión preventiva al financista Leonardo Fariña, por presunta “evasión fiscal agravada e insolvencia fiscal fraudulenta”. El juez argumentó que “tiene reunidos los elementos probatorios necesarios para atribuirle, prima facie, a Jorge Leonardo Fariña los delitos de evasión tributaria agravada en concurso real con insolvencia fiscal fraudulenta, denunciado por la AFIP y que prevé penas de hasta 15 años de prisión”.
Desde el martes 25 de marzo, Fariña ya se encontraba detenido justamente por orden del juez Blanco, quien rechazó un pedido de excarcelación efectuado por el abogado de Fariña, Rodolfo Baqué. El empresario es investigado por la compra de campos en Mendoza que luego vendió. La Justicia intenta determinar si se trató de una operación legítima o si fue simulada como una maniobra de lavado de dinero. El empresario Roberto Erusalimsky fue quien compró las propiedades no declaradas por el mediático financista y así quedó salpicado por su supuesta participación en el blanqueo de millones de dólares del empresario kirchnerista Lázaro Báez. La causa se inició por una denuncia de la AFIP -que actúa como querellante- contra Fariña por la evasión de más de 28 millones de pesos por IVA, impuesto a las ganancias y bienes personales correspondientes a los años 2010 y 2011 en la compra de un campo en Mendoza que realizó en diciembre de 2010. En la causa el magistrado citó al empresario Roberto Jaime Erusalimsky, presidente y accionista de “Welmare Trading S.A.”, quien figura como la persona que luego le compró los campos a Fariña. La Justicia quiere saber si la compra que hizo Erusalimsky fue real o simulada. En “Welmare Trading S.A.” Fariña figuraría como director no accionista.
El otro eje de este tema es la causa que lleva adelante el juez federal Sebastián Cassanello, estrechamente ligado a La Cámpora, que investiga al mediático ex esposo de la modelo Karina Jelinek, también acusado de presunto lavado de dinero en una causa que investiga en la que asimismo está involucrado el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Fariña dijo en una cámara oculta en el programa Periodismo para Todos, de Canal 13, que sacaba del país bolsos con dinero “negro” de Báez y que mediante la consultora S.G.I., de Federico Elaskar, crearon sociedades “fantasmas” en el exterior. El juez Sebastián Casanello procesó por lavado de activos a Fariña y Elaskar y trabó embargo sobre sus bienes y sobre las sociedades con las que se cree realizaban las maniobras ilícitas. Además les prohibió salir del país. Fariña y Elaskar quedaron imputados en la causa Nº 3017/2013 “Báez, Lázaro y otros s/ Encubrimiento” donde se investigan las presuntas maniobras de lavado de activos y fuga de capitales. La Unidad de Información Financiera, querellante en la causa desde el 28 de mayo de 2013, prestó colaboración en la realización de allanamientos y presentó informes sobre operaciones sospechosas vinculadas a los implicados que permitieron la individualización bienes, el establecimiento de perfiles patrimoniales y relaciones entre los sujetos involucrados, la confección de análisis sobre la justificación de las operaciones efectuadas y sugerir determinadas medidas para el esclarecimiento de los hechos investigados.
A Fariña se lo procesó por el delito de lavado de activos -sin prisión preventiva- y se le trabó un embargo por 32 millones de pesos. A Federico Elaskar le recayó el mismo procesamiento con un embargo de 27 millones de pesos sobre sus bienes. A ambos se les prohibió la salida del país, en tanto que Elaskar además deberá comparecer ante el juzgado de forma quincenal, no así Fariña, por encontrarse detenido en el marco de la causa en la que se lo investiga por evasión agravada en la justicia federal de La Plata.
Casanello trabó embargo sobre las firmas SGI Argentina S.A., Vanquish Capital Group S.A. y Diego S.A., un inmueble de la Av. Del Libertador, una estancia en la provincia de Mendoza y dos autos de alta gama. También sobre las acciones de las sociedades Andrómeda Corporate Finance S.A., Diego Sociedad Anónima S.A. y Welamare Trading S.A. Se presume que aquellas firmas fueron utilizadas para la perpetración de las maniobras de lavado de dinero investigadas con el objeto de ingresar valores procedentes del narcotráfico en el mercado bancario y financiero con la esperanza de que no se sospeche sobre su origen ilícito, como así también que parte de aquellos bienes pasaron a integrar el patrimonio de las firmas. Esta sospecha se funda en la vinculación existente entre Leonardo Fariña y Juan Ignacio Suris, este último procesado por narcotráfico por el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca. Según la investigación que comenzó en abril de 2013, la firma SGI ingresó al sistema bancario-financiero 22.420.810 pesos de origen ilícito, en tanto que Vanquish Capital Group S.A. hizo lo propio con 1.565.400 pesos, y Diego S.A. con 6.524.000 pesos.
Elaskar era el principal accionista de SGI y Vanquish, con las que se habría lavado parte del dinero que provendría del narcotráfico. Además adquirió un vehículo de alta gama junto a Leonardo Fariña.
Fariña, por su parte, habría adquirido un inmueble valuado en 2 millones de dólares, propiedad de Diego S.A., con dinero presuntamente de origen delictivo, mediante la adquisición del 70% del paquete accionario de aquella empresa, a través de su padre, Jorge Manuel Fariña, dos vehículos de alta gama, pagó su fiesta de casamiento y adquirió campos en la Provincia de Mendoza empleando para ello dinero presumiblemente proveniente del narcotráfico, mediante operaciones simuladas que pretendían dar a los montos involucrados apariencia de licitud. En el procesamiento, el juez solicitó a la UIF, en el marco de la colaboración que se lleva adelante, un nuevo informe en el que se realice un amplio estudio patrimonial respecto de las empresas mencionadas a fin de establecer la totalidad de bienes y demás activos que poseen y si los mismos se condicen con su capacidad económica.
Ante la Justicia, Fariña sostuvo que mintió en el programa de Lanata, aunque reconoció que trabajó para la empresa de Báez, “Austral Construcciones”, y que intermedió en la compra de campos en Tupungato, Mendoza, para el empresario, pero negó que haya hecho esa tarea en Uruguay o en otros lugares.
Una variante peligrosa
Hasta aquí la descripción de las dos causas. Pero lo importante es el giro que Cassanello le dio a su investigación, dejando de lado la investigación del lavado de fondos de Lázaro Báez, presuntamente proveniente de la sobrefacturación de numerosas obras públicas que le fueron adjudicadas tanto en Santa Cruz, como a nivel nacional y varias provincias. En otras palabras, que las presunciones desde un primer momento apuntaron a que Báez, a través de Fariña y Elaskar, lavaba fondos del matrimonio Kirchner originado en la corrupción de la obra pública. Casanello terminó así desviando la causa al procesar a Fariña y Elaskar por lavado de dinero proveniente del narcotráfico por su vinculación con Juan Suris. Todo en base a una intercepción telefónica en la cual el primero, desde un celular de Suris, habla de “mover” 90 millones de dólares “físicos” que estaban en Portugal hacia el paraíso fiscal de Liechtenstein. Parece una prueba traída de los pelos, ya que esa conversación ocurrió bastante después de que Fariña se desvinculara de Báez, como aseguró él mismo al desdecirse de lo había afirmado ante Jorge Lanata. Todo muy raro. Además, parece insólito que Suris tuviera a su disposición en una sola operación 90 millones de dólares, ya que da la impresión, por las pruebas que hay, que tenía una asociación ilícita basada en la utilización de facturas truchas para evadir a la AFIP y también actividades de narcotráfico. Pero si hablamos de 90 millones de dólares, estamos ante un narco importante y por las pruebas que hay sólo aparece como jefe de una cadena de narcomenudeo muy alejado de ese rol.
Ni más ni menos se lo intentaría convertir judicialmente a Suris en el narco más notable de la Argentina. Esto encaja justo con el rol de Fariña, que después de lavar 55 millones de euros con Elaskar (que, según descubrió José María Campagnoli, volvieron al país en bonos de la deuda externa) parece claro que efectivamente lavó para Lázaro Báez euros provenientes de la sobrefacturación de obra pública. Sin embargo, el juez Casanello no tomó en cuenta los hechos probados por el fiscal Campagnoli, aparentemente por no tener información de la justicia suiza referida a la cuenta Teegan de Martín Báez y la compañía madre Helvetic Service y de ahí a las islas Seychelles. Bastaría entonces para la justicia suiza con que Casanello dijera que el dinero puede provenir de la corrupción para que aquélla actúe sobre esa sociedad fiduciaria (Helvetic), cuyos titulares habrían sido Néstor Kirchner y Lázaro Báez. Pese a esto, el magistrado ni siquiera lo menciona en los exhortos dirigidos a ese país.
La orientación que Cassanello le dio a la causa fue un bálsamo para el gobierno, ya que la investigación se alejó notablemente de la relación Báez-Kirchner.
Pero el fallecimiento de Blanco abrió una perspectiva sumamente inquietante para la Casa Rosada. Si el cristinismo no consigue en los próximos meses imponer un titular del juzgado federal platense tan solidario como Cassanello, podría ocurrir que el magistrado que se haga cargo de ese juzgado después de diciembre del 2015 considere una decisión. La misma podría consistir en pedir que la causa por lavado que lleva Cassanello pase a La Plata, donde se tramita el otro proceso, por evasión impositiva, contra Fariña y Elaskar. Si el expediente se fuera de Comodoro Py a La Plata, a manos de un juez no kirchnerista, el andamiaje montado por Cassanello podría desmoronarse rápidamente. En ese caso, la investigación podría reorientarse hacia la conexión Báez y los fondos ilícitos de los Kirchner, lo que a su vez podría colocar a Cristina -justo cuando estaría dejando el poder- muy cerca de quedar imputada en la causa. Hay un hecho que apoya esta posibilidad y es que el primer juzgado preventor -o sea el que intervino antes- es el de La Plata, lo que avalaría el pedido de que la causa de Cassanello sea unificada con la de evasión impositiva. En caso de que, por ejemplo, Cassanello se negara a declinar su competencia, la última palabra la tendría la Cámara Federal de La Plata.
No hay que analizar mucho más para advertir que la vulnerabilidad judicial de la presidente depende en buena medida de que Cassanello no pierda el control del expediente. Pero justamente, la trascendencia del tema puede hacer que un triunfo opositor en las elecciones presidenciales conlleve a la designación de un juez no kirchnerista en La Plata. De ser así, el caso Báez podría dar un giro de 180 grados y volverse contra CFK y su familia.
Carlos Tórtora/informadorpublico.com