Según informa el portal LatAmcinema.com en su último boletín, tras un acuerdo alcanzado entre tres de las principales compañías exhibidoras del Uruguay ante los Ministerios de Cultura e Industria de ese país, las películas de producción uruguaya no deberán pagar el VPF (sigla de virtual print fee) para su proyección en cualquiera de las 61 salas propiedad de los tres grupos exhibidores.
El VPF, nacido en Estados Unidos en 2005, y también implementado en la Argentina, es una tasa establecida por las multipantallas (las cadenas estadounidenses) cuya aplicación se extenderá hasta 2019, y afecta a los estrenos en salas digitales, una cifra que ronda los 1.000 dólares, IVA incluido, por copia de estreno.
Esto significa que el distribuidor de un filme de cualquier origen debe pagar al exhibidor multipantalla ese monto por cada copia digital que estrene, y así colaborar con la inversión hecha por la cadena en su actualización.
Los costos de las copias digitales son muy inferiores a los 1.200 dólares de una fílmica.
Según expresaron a Télam distribuidores independientes argentinos, en los casos de subsidiarias locales de distribuidoras estadounidenses, los exhibidores multipantallas aceptan una quita cuando a ellos les toca estrenar sus filmes, sean o no estadounidenses.
Los distribuidores independientes argentinos argumentan que esa quita no ocurre con ellos, ya que por el volumen habitual de negocio no logran convertirse en «tan amigos», y por esa misma razón no merecen contemplación alguna.
El convenio, explicaron en el Uruguay, surge con el objetivo de «promover el cine nacional e independiente en el mercado cinematográfico y preservar la diversidad de contenidos»; no obstante, además del cine nacional, el compromiso establece que las distribuidoras locales no deberán pagar dicho canon por un mínimo de tres películas extranjeras de cine independiente al año, y en festivales oficiales en esas salas.
Según declaraciones de Adriana González, directora del Instituto de Cine y Audiovisual de Uruguay (ICAU), este acuerdo, que se extiende hasta 2020, expresa un relacionamiento saludable entre el Estado y el sector privado, en este caso de la exhibición cinematográfica: «El mercado cinematográfico mundial presenta una gran concentración en lo que hace a la distribución de contenidos que privilegian la distribución de cine de Hollywood», señaló.
González agregó que «esto limita fuertemente las opciones de consumo cultural generando un entorno que debilita que el ciudadano ejerza plenamente sus derechos culturales. Los Estados actuamos ante esta concentración desde nuestras responsabilidades primarias que es velar por esos derechos. Esto también nos habilita a desarrollar políticas de protección y fomento que tienden a equilibrar esa desigualdad».
Fuente: www.telam.com.ar