El Senado trata en estos días la aprobación de un polémico acuerdo entre la Argentina y China para la instalación de una estación espacial de exploración lunar en el paraje Bajada del Agrio, en Neuquén, a 1380 kilómetros de Buenos Aires.
Pero mientras el Congreso debate el tema, excavadoras y cientos de obreros trabajan rápidamente en la construcción de esa planta que forma parte de uno de los más acariciados sueños de Pekín en territorio argentino.
La decisión de Cristina Kirchner y su par chino, Xi Jinping, de avanzar con la estación espacial por encima de cualquier aval parlamentario no es el único dato llamativo del proyecto.
Los «anexos reservados» que contienen la letra chica para el desarrollo final de la estación espacial que se firmaron con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) están bajo siete llaves y empiezan a despertar sospechas. En medio de ese hermetismo, destaca La Nación, sólo se dio a conocer una parte del texto del acuerdo marco para su aprobación en el Congreso.
Legisladores de la oposición y, en reserva, oficiales de las Fuerzas Armadas se mostraron preocupados por una cuestión sensible: la posibilidad de que la estación espacial china, instalada en un predio de 200 hectáreas, en el futuro inmediato sea usada por Pekín con fines militares.
Hay más dudas que encierra el acuerdo que aprobó la mayoría kirchnerista en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y que se tratará en el recinto pasado mañana.
Según los ocho artículos del acuerdo marco, se prevé una exención impositiva total para los chinos por los 50 años que durará la concesión de tierras; la Argentina «no interrumpirá las actividades normales» que se realicen en la estación espacial; los empleados de China que trabajen en Neuquén se regirán bajo la legislación de Pekín y el gobierno chino «mantendrá indemne a la Argentina de toda obligación que surgiere de reclamos de cualquier naturaleza».
Los obreros que trabajan en Neuquén bajo el auspicio del gobernador Jorge Sapag esperan terminar la estación e instalar la antena espacial en febrero de 2015. Así lo dijo el secretario de Gestión Pública de Neuquén, Rodolfo Laffitte.
Si las obras están tan avanzadas, ¿para qué se necesitará de un aval del Congreso para ratificar el acuerdo de Cristina Kirchner y Xi Jinping? En el Gobierno respondieron que las obras en marcha forman parte de la autarquía que tiene Neuquén para firmar acuerdos con otros países y que el trabajo actual sólo forma parte de la «construcción civil» de la planta. El equipamiento espacial llegará luego, con los empleados chinos.
El senador Fernando «Pino» Solanas (UNEN), que integra la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, al igual que los radicales Juan Carlos Marino y Ángel Rozas y el socialista Rubén Giustiniani mostraron duros reparos al acuerdo que se dispone a aprobar el kirchnerismo en el recinto esta semana.
«El acuerdo no especifica si el personal que empleará China será militar o no. Pero en caso de ser militares, el ingreso al país debe estar sujeto al régimen especial de la ley 25.880 de ingreso de tropas», dijo Solanas.
El legislador de UNEN evaluó que la tecnología utilizada es «sensible y de uso dual, civil/militar, ya que China tiene integrados estos programas y se utiliza también para el tracking [seguimiento] de la actividad aeroespacial y misilística». Además, Solanas dijo que están comprobados los lazos de CLTC con los organismos militares chinos, con el Centro Nacional de Control y Seguimiento Misilístico del Espacio y, lo más destacado, el CLTC depende específicamente del Departamento General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército Popular de Liberación de China.
También se supo que el director de la CLTC sería a la vez jefe militar del Departamento de Armamento General del Ejército chino.