Cristina Kirchner anunció que llevará a la Justicia a la empresa Donnelley por entender que su quiebra esconde un fraude. Especialistas consultados por Infobae criticaron la medida y explicaron en qué consiste su aplicación.
Cristina Kirchner sorprendió al anunciar que por primera vez se aplicará la denominada ley antiterrorista, una controvertida norma que al momento de sancionarse recibió cuestionamientos incluso desde el seno del oficialismo. Será contra la imprenta Donnelley, que esta semana anunció su cierre.
En un acto en la Casa Rosada, la Presidente objetó el proceso de quiebra que antecedió al cierre y sugirió que la medida no respondía a cuestiones económicas sino a la intención de » crear una situación de zozobra con tal de ver a un gobierno de rodillas». Por ese motivo, anunció que el Gobierno ha «presentado la denuncia por alteración al orden económico y financiero».
La ley 26.734 se sancionó en diciembre de 2011 e incorpora como agravante a todos los delitos del Código Penal su comisión con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Rige una excepción para cuando los hechos «tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional».
El inciso a del artículo 309 del Código Penal, citado ayer en la denuncia del Gobierno, indica que será reprimido con prisión de uno a cuatro años de cárcel el que «realizare bajo transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio».
Además la norma habilita a la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo, a disponer el congelamiento de activos -en este caso de una empresa privada- con el único deber previo de comunicárselo a la Justicia.
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