El gobierno, en ese caso, haría caer las primarias, aprovechando que los jueces electorales las cuestionan. Ayer analizamos la crisis en ciernes por los graves defectos de la Ley de Reforma Política 26.571, que pueden derivar en una crisis del proceso electoral. Después de no pocas consultas con jueces electorales de todo el país, la Cámara Nacional Electoral se habría encontrado con que las críticas públicas del Juez Electoral de La Plata, Manuel Blanco, expresan la opinión de la inmensa mayoría de los magistrados, con muy pocas excepciones. No es casual entonces que uno de los tres camaristas electorales, Alberto Dalla Via -de conocidas vinculaciones con la UCR-, haya modificado ayer la postura del tribunal. Dalla Via le reclamó al Gobierno Nacional que reglamente la reforma política y advirtió que es “imprescindible” que se cumpla con ese proceso cuanto antes para que los comicios de este año “puedan llevarse adelante”. Hasta ahora, la Cámara se limitaba a decir que la reglamentación de la ley electoral es una facultad del gobierno. El caso es que los jueces empiezan a unificar personería en un solo reclamo: sin reglamentación la ley puede terminar siendo inaplicable. En términos políticos, que estamos a las puertas de un proceso electoral anormal.
Randazzo, el misterioso
Los principales operadores técnicos en materia electoral, el Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, y el apoderado del PJ, Jorge Landau, guardan un extraño silencio sobre el tema. Y el responsable político de la cuestión, el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, no habló de la reglamentación pero sí de algo que indirectamente tiene mucho que ver: exhortó a los gobernadores a que unifiquen las fechas de los comicios locales con los nacionales. ¿Cuál sería la relación entre los dos temas? Una probabilidad que viene creciendo es que, antes de decidir si patea o no el tablero de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, CFK quiera saber con exactitud cuáles son los distritos que celebrarán sus elecciones locales con las nacionales. Concretamente, el gobierno temería que si despegan sus comicios Córdoba, Entre Ríos, Misiones, San Juan y Formosa, entre otras provincias, el gobierno se debilitaría cada vez más.
Es que los aparatos justicialistas de esas provincias ya tendrían resueltos sus problemas electorales y pondrían un entusiasmo relativo en movilizar al electorado para que vote en la primaria nacional del PJ y luego en la elección general. En Olivos ya sufren las deserciones de Chubut (se votará el 20 de marzo) y Salta (el 10 de abril). La socialista Santa Fe, por su parte, votará en julio. Si Mauricio Macri despega la elección capitalina de la nacional, también la presidente vería disminuido el entusiasmo de las huestes porteñas, una vez que ya se hayan repartido las bancas y elegido el nuevo jefe de gobierno.
Si es necesario, marcha atrás
Como resultado de éstas y otras muchas cavilaciones que se escuchan en Olivos, se va delineando un juego de opciones. Si se siguen sumando adelantamientos de elecciones locales en provincias gobernadas por el oficialismo -Córdoba es el leading test- CFK podría llegar a la conclusión de que, sutilmente, los gobernadores justicialistas empiezan a sacarle el cuerpo. Con este cuadro sería sumamente riesgoso para la presidente presentarse como precandidata en la primaria del PJ. Por cierto que no perdería y que hasta podría encabezar una lista única. ¿Pero qué pasaría si la deserción de los aparatos provinciales se traduce en una escasa concurrencia a las urnas? Si CFK moviliza en la primaria un caudal de votos inferior o similar al de la UCR o Macri, para el kirchnerismo sería el equivalente a cavarse la fosa. La opinión pública podría quedar impactada por la debilidad del oficialismo y esto, a su vez, por contagio, le restaría al FpV un porcentaje importante de votos en la elección general. Como están diseñadas las primarias, la competencia en ellas es doble. No sólo hay que ganarlas sino movilizar también más votos que los demás partidos, porque el electorado razonaría por comparación, suponiendo que el partido que consiguió más votantes en la primaria será el vencedor en la elección general. Desde ya que se trata de una premisa lógicamente falsa, porque podría ocurrir lo inverso, es decir, que el vencedor de la elección presidencial no haya sido el que más votos sumó en la primaria. Sin embargo, todo indica que la mentalidad exitista se impondrá. Como antecedente, vale recordar que Ricardo Alfonsín se proyectó como candidato a presidente el día después de que su lista ganara una elección interna de autoridades de la UCR bonaerense donde sólo votaron 70.000 afiliados. Todo indica que, si es que hay primarias, el candidato que más votos consiga tendrá un pie en la Casa Rosada.
Los temores presidenciales también tienen otro fundamento: ¿Y si una masa importante de antikirchneristas decide presentarse en la interna del PJ y aguarle a ella la fiesta? ¿No sería mejor, en todo caso, ir directamente a la elección general sin exponerse a una primaria que exhiba las debilidades propias?
Estos cálculos -llenos de prevenciones- harían que en el gobierno se esté evaluando patear el tablero y que no haya primarias, si no existe la absoluta seguridad de que todo el aparato nacional del PJ se movilizará para que CFK sea la más votada en las primarias y luego en la general.
Voltear el nuevo esquema electoral no parece demasiado difícil, teniendo en cuenta, por ejemplo, que los jueces electorales de los tres principales distritos, Raúl Bustos Fierro (Córdoba), Manuel Blanco (Buenos Aires) y María Servini de Cubría (Capital) coinciden en que el régimen de las primarias es un verdadero mamarracho jurídico.
Fuente: Por Carlos Tórtora para el Informador Público