A 20 años del atentanto, la AMIA pidió la derogación del acuerdo con Irán por parte del Congreso
El vicepresidente de la entidad, Ralph Thomas Saieg, reiteró que el tratado firmado con Teherán es inconstitucional y pidió que se busque a los sospechosos y que el Gobierno redoble los reclamos en organismos internacionales Ralph Thomas Saieg, vicepresidente de la AMIA, pidió que el Congreso derogue el memorandum con Irán y reiteró que el tratado firmado con Teherán es inconstitucional. Además, pidió que la Justicia busque activamente a los sospechosos y que el Gobierno redoble los reclamos en organismos internacionales.
«La AMIA dijo que el tratado con Irán es inconstitucional. Lo dijimos con todas las letras. Que ninguna utilidad podía aportar a la causa. Tuvimos que ir a la Justicia, porque el Congreso convirtió en un trámite exprés el tratado en ley. Hace pocos días la Cámara nos dio la razón y lo dejó sin efecto en la práctica. Le solicitamos al Congreso la derogación expresa», aseguró Thimas Saieg en uno de los mensajes principales el acto que se realizó este viernes a 20 años del atentado a la mutual judía.
En este marco, renovó el reclamo de justicia y apuntó contra el Gobierno. «No ha surgido de la investigación ni un sólo imputado nuevo ni una pista que permita esclarecer el hecho. Carlos Telleldín sabe, y mucho, de la conexión local. Solicitamos un nuevo juicio a la mayor brevedad posible».
«No permitiremos que nuestra causa sea utilizada como bandera en ninguna política partidaria o electoral», enfatizó el dirigente durante su mensaje.
Saieg volvió a solicitar «un nuevo juicio» y que se dejen de «desperdiciando oportunidades». «Queremos saber qué fue lo que pasó», enfatizó y reiteró que «la conexión local seguirá siendo una deuda que nunca dejaremos de reclamar; nos deben muchas respuestas».
En otra parte del discurso, demandó la «necesidad de que el fiscal Nisman tenga los elementos para esclarecer el hecho» y que el juez Canicoba Corral «requiera a Interpol la búsqueda activa de los sospechosos» del atentado.
Sin la asistencia de la presidente Cristina Kirchner, el único representado del Gabinete Nacional que participaba de la ceremonia era el ministro de Educación, Alberto Sileoni. Entre los legisladores que participaban estaban Aníbal Fernández (FPV), Hermes Binner (FAP), Ernesto Sanz (UCR) y Sergio Bergman y Diego Santilli (PRO), entre otros.
Críticas a Timerman
El periodista Alfredo Leuco fue uno de los principales oradores en el acto. Su discurso fue muy crítico con el canciller Héctor Timerman y Luis D’Elía. Al ministro de Relaciones Exteriores lo señaló por la firma del memorándum con Irán para juzgar a los imputados en la investigación judicial. El piquetero fue mencionado por sus vínculos con el gobierno iraní.
«Timerman es el mismo canciller que se sienta en primera fila y aplaude lo que dice Luis D’Elía, vocero iraní, fanático antisemita y promotor del fusilamiento de disidentes. Irán es un país que se enorgullece del uso bélico de la energía nuclear y quiere borrar a Israel de la faz de la tierra», aseguró Leuco ante el aplauso de algunos de los familiares de las víctimas que participaron del homenaje.
El Congreso aprobó un tratado internacional con Irán que había sido impulsado por el Gobierno con el objetivo de indagar a los imputados en el caso judicial por la voladura de la AMIA. El llamado memorándum implicaba la creación de una «comisión de la verdad» que debía viajar a Teherán. El entendimiento nunca fue ratificado por el país asiático y fue rechazado desde su creación por la comunidad judía y por los políticos de la oposición.
«Héctor Timerman quedará grabado en la historia por haber sido el ejecutor de este crimen de ilesa impunidad, esta alta traición al pueblo hebreo y al pueblo argentino. Como dijo su ex amiga Elisa Carrió, un canciller no judío no se hubiera atrevido a tanto», sintetizó Leuco.
El ministro de Relaciones Exteriores también fue criticado por Luis Czyeweski, familiar de una de las víctimas del ataque. Dijo que el tratado fue un grave error diplomático y muestra de ello es que la negociación se hizo en secreto, de espaldas a la comunidad judía. «Queremos decir con total claridad: nuestros muertos piden justicia y no acuerdos», suscribió.
Antecedentes de 20 años de impunidad
La sede de la mutual judía AMIA, en pleno corazón de Once, era destruida hace 20 años por un atentado que causó 85 muertos y más de 300 heridos, en un ataque que aún permanece impune.
A las 9.53 del lunes 18 de julio de 1994, una explosión sacudió Once con una onda expansiva que afectó a más de mil viviendas en seis cuadras a la redonda.
La gran mayoría de los heridos fueron trasladados al Hospital de Clínicas, y en Ayacucho 632 se montó un centro de información sobre la suerte que habían corrido las víctimas.
El recuerdo del atentado que había sufrido la embajada de Israel, en marzo de 1992, aún estaba fresco en la memoria de los argentinos, que volvían a revivir con el ataque a la AMIA escenas de dolor, destrucción y muerte.
El entonces juez federal Juan José Galeano asumió la investigación y estableció, a los pocos días del hecho, que el ataque había sido perpetrado por un terrorista suicida que chocó una camioneta Traffic cargada de explosivos contra la entrada de la mutual.
El hallazgo del block perteneciente al motor de este vehículo, entre los escombros del edificio por parte de militares israelíes que participaron de las tareas de rescate, permitió establecer esta línea de investigación.
Por los datos extraídos del block se identificó al vendedor de la camioneta: Carlos Telleldín, un comerciante de autos usados que solía tener tratos con efectivos de la Policía bonaerense, relata la agencia Télam.
Al ser rastreadas las llamadas telefónicas realizadas por Telleldín, se detectó que una semana antes del atentado habló con Alberto Kannanore Edul, un empresario de origen sirio ya fallecido.
Entre la documentación que se le secuestró a Edul, se encontró una agenda en la que figuraba el nombre de Moshe Rabbani, consejero cultural de la embajada de Irán.
Con esa información, Galeano viajó a Venezuela donde se entrevistó con un disidente y ex funcionario del régimen iraní llamado Manuchur Moatamer, quien le explicó cómo operaban las células dormidas que utilizaba Teherán en diversos países.
En base a esa información, el funcionario judicial avanzó sobre la hipótesis de un atentado ejecutado por la organización Hezbollah y financiado por el gobierno de Irán.
El juez investigó las vinculaciones de Moshe Rabani, un clérigo persa, y conjeturó que había sido quien ideó el ataque a la AMIA desde Irán.
En 1997, el magistrado viajó a París y se reunió con integrantes del MKO, una organización opositora al régimen teocrático de Irán, quienes le suministraron los nombres de los funcionarios que habrían planeado la voladura de la mutual.
Galeano cometió numerosas irregularidades en la causa, entre ellas, pagarle u$s400.000 a Telleldín con fondos de la SIDE para que implicara a un grupo de policías bonaerenses (liderados por el subcomisario Juan José Rivelli) como armadores de la camioneta que estalló en la calle Pasteur.
Acusado de mal desempeño, el juez que instruyó en la causa del ataque a la AMIA, quedó destituido en 2004 por una comisión de juicio político.
Un año antes, y tras un proceso oral que se prolongó durante meses, Telleldín y los policías quedaron libres de culpa y cargo por el tribunal que los juzgó.
Un informe de inteligencia estableció en 2003 que el chofer suicida de la Traffic que estalló contra el edificio de la AMIA era Ibrahim Berro, un ciudadano libanés de 21 años.
Tras la destitución de Galeano, la causa pasó a manos del juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman, quienes en 2006 cursaron un pedido de detención contra 8 funcionarios iraníes, entre ellos el ex presidente del país Alí Rafsajani; el embajador Hadi Soleinmanpur y el imán Moshen Rabbani.
Irán desestimó las acusaciones y rechazó los pedidos de captura por considerar que «no estaban correctamente fundados y no existían pruebas que los avalaran».
El año pasado, el gobierno argentino firmó «un memorándum de entendimiento» con Irán, que luego ratificó el Congreso Nacional, para que los acusados declaren en la causa.
No obstante, dirigentes de la comunidad judía lo rechazaron y tramitaron ante la Justicia una declaración de inconstitucionalidad que resultó avalada por la Sala I de la Cámara Federal.
El Gobierno recurrió a esa decisión «por considerar que se trata de una medida arbitraria que invade las competencias del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional».
En tanto, desde 2012, el juez federal Ariel Lijo mantiene los procesamientos del ex presidente Carlos Menen; el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy; Galeano y otros funcionarios por el delito de encubrimiento, consigna Télam.
En enero de este año, la Cámara Federal porteña le pidió a Lijo que acelere la causa, y el magistrado respondió con sobreseimiento de Carlos Corach, ex ministro de Interior del menemismo en el momento del atentado.
La causa AMIA tiene más 250 mil fojas, divididas en 650 cuerpos de 400 páginas cada uno en los cuales se acumulan testimonios e informaciones de 20 años.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas luchan contra el olvido y aguardan por una justicia que castigue a los responsables de esta masacre.
Fuente: iProfesional