La Cámara Federal sobreseyó al ministro de Planificación, Julio De Vido, y a su esposa, Alessandra Minnicelli, en una causa en la que habían sido denunciados por enriquecimiento ilícito.
La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal, integrada por jueces cercanos al Gobierno. Es la misma cámara que, en los próximos meses, deberá juzgar al vicepresidente Amado Boudou.
El fallo, con fuertes críticas a la denuncia original, que había hecho el abogado Ricardo Monner Sans, y a la investigación de los fiscales, dice que nadie logró probar que De Vido se haya enriquecido en forma injustificada. Sin embargo, la sentencia parece un eslabón más de una larguísima cadena judicial donde fue más importante la pelea entre jueces y fiscales que investigar el presunto delito de corrupción.
Hace siete años, una nota periodística alertó que De Vido era propietario de una chacra de 3,8 hectáreas que supuestamente tiene en el barrio cerrado Puerto Panal, de Zárate -donde el ministro posee una de las pajareras más grandes del país-; varias propiedades en la Capital Federal y en Santa Cruz, y una camioneta Toyota Hilux 4×4, entre otros muchos bienes.
Eso dio lugar a una denuncia presentada por Monner Sans y que fue impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan y, también gracias a una intervención de la Corte, por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA), a cargo de Guillermo Noailles. Todos los tribunales se habían negado a que Noailles interviniera.
La Cámara Federal, sin embargo, sostiene que la denuncia de Monner Sans era insuficiente para dar inicio al caso y, consciente de que su fallo de sobreseimiento generará mucha polémica y sospechas, incluyó en la sentencia duras críticas a los fiscales.
Sobre la denuncia de Monner Sans, la Cámara sostuvo que «la sola suposición de un delito no autoriza a formular una denuncia». Y agrega: «Sería peligroso instruir sumarios penales sobre la base de denuncias fundadas en hechos puramente imaginarios o simplemente supuestos».
Y sobre la intervención de Marijuan y de Noailles, sostuvo el tribunal que los fiscales «omitieron mencionar cuáles eran las sospechas que justificaban mantener abierta la investigación», después de que el juez de primera instancia Octavio Aráoz de Lamadrid había sobreseído a De Vido. Según el tribunal, los fiscales «no lograron siquiera generar sospechas y pruebas» de que De Vido haya tenido un «enriquecimiento patrimonial apreciable».
MÁS RUIDO QUE NUECES
Durante todo el trámite de la causa, los jueces, fiscales y tribunales parecieron más interesados en trabarse en una controversia judicial que en investigar seriamente el patrimonio del poderoso funcionario y de su mujer. En efecto, hubo una serie de apelaciones, contradicciones y fallos, pero una investigación penal mínima. Y De Vido se benefició con ello, porque nadie pareció dispuesto a investigarlo a fondo.
Luego de la denuncia de Monner Sans, la causa fue impulsada por el fiscal Marijuan. Pero el entonces juez Aráoz de Lamadrid -que luego quedó él mismo involucrado en un caso de coimas- lo sobreseyó porque dijo que, «eventualmente, no es delito que un funcionario gaste todo su sueldo en el alquiler».
Marijuan apeló el sobreseimiento, pero la Sala I de la Cámara Federal rechazó el recurso del fiscal por una cuestión procesal.
Para peor, el fiscal general Germán Moldes consintió el fallo de la Cámara Federal, con lo cual el caso pasó a la Cámara de Casación.
La FNIA quiso apelar, pero Casación se lo negó y sólo pudo hacerlo cuando la Corte Suprema le dio su respaldo. Para estas alturas, la existencia de pruebas o no contra De Vido ya era casi un dato menor. El desenlace estaba cantado: sobreseimiento..
Fuente: LA NAción