La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. asestó dos duros golpes contra la Argentina este lunes. Decidió no tratar el caso que el país tiene abierto con los fondos buitre, pero también falló en contra en otro pedido sustancial y habilitó a los holdouts a buscar activos argentinos para embargar en el exterior.
El país había solicitado que se rechace el denominado «Discovery Case». Mediante este pedido los acreedores buscan embargar activos del país en el exterior. Con 7 votos a 1, los miembros de la Corte le dieron el visto bueno a los fondos.
Esta es la segunda gran caída que sufrió el país en los tribunales de Washington. Ahora los fondos buitre pedirán información a los bancos comerciales para rastrear cuentas del país en el exterior. Será complejo porque deberán pasar por jurisdicciones extranjeras (será búsqueda a nivel global no sólo dentro de EE.UU.) para tratar de encontrar qué embargar, pero es un arma más de presión.
De esta manera, vuelven las presiones sobre los activos YPF, la empresa estatal de energía Enarsa, bancos internacionales y hasta el Banco Central (BCRA). Esto quedó en claro en una audiencia el año pasado donde el juez Griesa dejó abierta esa puerta.
Los acreedores trataron anteriormente de embargar activos argentinos. Ese fue el caso de la Fragata Libertad, cuando estuvo amarrada en Ghana.
Todo esto viene a cuento de agosto de 2012, cuando la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sostuvo que los fondos buitre podían requerir información sobre los activos argentinos ante el Bank of América y el Banco de la Nación Argentina en sus sedes en esa ciudad norteamericana.
La Argentina había apelado, afirmando que el país tiene el beneficio que otorga la llamada Ley de Inmunidades Soberanas en Estados Unidos y así llegó hasta la máxima instancia judicial (rechazada ahora).
En este caso, el gobierno norteamericano había brindado su respaldo a la posición argentina. En diciembre pasado, el fiscal general del Estado, Donald Verrilli, cuestionó la decisión de los tribunales neoyorquinos.
Fuente: La Nación