El tribunal analiza una movida del oficialismo para contar con un permiso del año pasado para tomar deuda.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza comenzó a analizar este miércoles cómo reaccionar ante el contundente pedido de inconstitucionalidad de una ley que le permite a Paco Pérez replicar al pie de la letra el presupuesto 2013, incluido un permiso legislativo del año pasado para tomar deuda y así cubrir el déficit proyectado este año, de unos 1.200 millones de dólares.
El máximo tribunal local, según fuentes inobjetables, está evaluando por estas horas las consecuencias políticas y financieras de avalar a Paco o tirar por tierra su estructura financiera en un año complicado. Las opciones que se manejan son definir lo antes posible la cuestión de fondo en plenario (es decir con el voto de los 7 integrantes) sin hacer lugar a la medida precautoria que presentaron los radicales la semana pasada, o congelar la aplicación de la controversial modificación de la Ley de Contabilidad de la Provincia para tomarse el tiempo suficiente para decidir la cuestión de fondo.
En ambos casos, y más allá del resultado de la sentencia, las consecuencias políticas y financieras serán contundentes. Si avalan a Pérez, los radicales despotricarán contra el tribunal, acusándolo de parcial porque están convencidos de que el Gobierno provincial está violando la ley.
Si por el contrario dan lugar a la inconstitucionalidad, el Ejecutivo deberá olvidarse definitivamente de la posibilidad de cubrir con deuda los 1.200 millones de pesos que ha calculado que tendrá Mendoza de déficit este año. Y reacomodar partidar y ajustar gastos, lo que ha rechazado tanto el gobernador como su ministro de Hacienda, Marcelo Costa, en varias oportunidades. “Los radicales quieren un ajuste, como a ellos les gusta, pero no lo vamos a permitir”, brama Costa cada vez que le preguntan.
Las preocupaciones de la Corte respecto al impacto político y financiero de este fallo son concretas. En la reunión de este miércoles, se analizó sin eufemismos la necesidad de no afectar la gobernabilidad ni los planes de gestión del Gobierno. En definitiva, Pérez ha prorrogado el presupuesto 2013 porque los radicales no le han querido aprobar la pauta de este año. Pero Paco avanzó más allá, “reglamentando” a través de una modificación a la Ley de Contabilidad nada menos que un artículo de la Constitución provincial, el 99, que afirma: “Si la Legislatura no sancionare el presupuesto general de gastos hasta el 31 de diciembre, continuará el vigente en sus partidas ordinarias”.
Justamente la modificación de la Ley de Contabilidad, craneada y defendida por el ministro Costa, no hace otra cosa que “interpretar” el citado artículo de la Constitución, y determina qué partidas son “ordinarias” y cuáles “extraordinarias”. Al mismo tiempo, establece “prorrogado” el permiso que le dio la Legislatura el año pasado al Gobierno para emitir deuda para cubrir el déficit. Aquí está el detalle que ofuscó a los radicales.
Para los radicales, “la Corte no tiene por qué analizar cuestiones políticas o financieras, sino sólo decir si es o no constitucional lo que ha hecho el Gobierno”. Desde fuentes cercanas a los supremos, explicaron que a mayoría de los jueces acordaron analizar “con cuidado” los pasos a seguir, pese a que un magistrado en particular quería resolver lo antes posible en contra del Gobierno.
“No hay que tomar esto a la ligera, por supuesto que tenemos que evaluar las consecuencias de una sentencia de estas características”, analizó escuetamente un supremo en estricto off.
Por el momento, se le dio curso a la demanda al Ejecutivo, que tendrá que contestar la semana que viene. La Corte esperará las presentaciones tanto de la Asesoría de Gobierno como de la Fiscalía de Estado para analizar la documentación aportada tanto por los radicales como por el Ejecutivo para recién comenzar a definir qué hace con la controversial modificación a la Ley de Contabilidad.
Como paso previo, la UCR mendocina envió cartas documentos a todos los responsables de reparticiones estatales advirtiéndoles que de tomar acciones amparándose en la Ley de Contabilidad modificada, “podrían ser objeto de denuncias penales en un futuro”. Unas de las reparticiones que recibió la carta documento, respondió que resultaba “improcedente e inapropiada”, porque los radicales le pedían a su titular que “denunciara de manera urgente ante la Justicia la situación derivada de la ley promulgada por el Ejecutivo”.
La pelea por el presupuesto y el endeudamiento, promete entrar en su etapa más virulenta hasta que la Corte defina. Mientras, el radicalismo argumenta que el fin de Paco fue presentar un presupuesto con déficit que sabía que no iba a poder tener. “Quiere gobernar sin control, moviendo partidas de aquí para allá como le dé la gana, porque recursos va a tener y muchos, tanto por recaudación propia como por coparticipación federal gracias a la inflación”, acusan desde la UCR.
Por lo pronto, y tras festejar como un triunfo electoral la aprobación de la retocada Ley de Contabilidad, el oficialismo no hace otra cosa que acusar a los radicales de querer realizar ajustes, “como ya lo hicieron numerables veces”, mientras mira de reojo a la Corte, hoy aún indecisa.
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