El paro general convocado por las centrales sindicales opositoras de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo obtuvo una amplia adhesión en todo el país, sin funcionamiento del transporte público y con piquetes a cargo de partidos de izquierda, en medio de cruces en tono político entre los gremios y el Gobierno, que minimizó el impacto de la medida.
La segunda huelga nacional en contra de la gestión kirchnerista se sintió con mayor énfasis en Capital Federal, el conurbano y las principales ciudades del país, donde no hubo trenes, colectivos, subtes, micros y vuelos, estuvo afectado el servicio en bancos y fue difícil conseguir combustible.
Mientras la medida tuvo acatamiento dispar en el interior, los piquetes que bloquearon los accesos a la Ciudad de Buenos Aires desalentaron la concurrencia al centro porteño, que se mostró casi desierto, con una actividad similar a la de un día feriado.
El titular de la CGT Azopardo, Moyano, destacó el acatamiento al paro, que no incluyó movilización, y señaló que en algunos sectores alcanzó «el 90 por ciento» de adhesión, mientras que en otros trepó al «95 y 98 por ciento».
«Ha sido realmente muy pero muy importante. La convocatoria lanzada para el paro nacional que comenzó a las 0.00 horas del día de la fecha ha sido con un acatamiento importantísimo y una adhesión que en muchos casos a superó el 90 por ciento, el 95, el 98 por ciento», subrayó el camionero en conferencia de prensa junto a Barrionuevo y el jefe de la CTA opositora, Pablo Micheli.
El Gobierno, por su parte, cuestionó la medida y la catalogó de «gran piquete nacional con un paro de transporte».
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, corrió a Moyano del centro de la discusión y remarcó que «el liderazgo del espacio opositor sindical lo tiene Barrionuevo», a quien señaló también como nuevo jefe del «Frente Renovador» y de los partidos de «izquierda», responsables de los cortes en la zona metropolitana y varias provincias.
En respuesta a la Casa Rosada, Moyano aclaró que los piquetes corrieron por cuenta de agrupaciones políticas de izquierda, ya que las centrales no convocaron a ninguna movilización, pero consideró que las críticas del oficialismo a los cortes «no van a poder minimizar la jornada de protesta».
«Algunos dicen, creen o pretenden hacer creer que como consecuencia de los piquetes la gente no fue a trabajar. Es una absoluta mentira. En el puerto no vi ningún piquete, en Aeroparque y en Ezeiza no vi ningún piquete. Acá la expresión fue la voluntad de la gente dando un mensaje claro al Gobierno nacional», enfatizó el camionero.
A la vez, le reclamó a la Presidente Cristina de Kirchner -quien se mantuvo durante toda la jornada en la Quinta de Olivos- «que preste atención a lo que expresa la gente en este tipo de medidas» y «empiece a dar respuestas a los reclamos».
Los cortes de accesos y rutas tuvieron lugar en 15 provincias, pero el piquete en Panamericana a la altura de Henry Ford fue el más resonante, ya que se registraron incidentes a primera hora de la jornada, cuando agrupaciones de izquierda se enfrentaron a la Gendarmería, con el resultado de efectivos heridos y un manifestante detenido.
En los subtes porteños, a pesar de que los metrodelegados sólo habían planteado adherir al paro en la línea B, no se prestaron servicios por la participación en la medida de fuerza por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
La huelga fue convocada por el líder de la fracción opositora de la Confederación General del Trabajo (CGT), la denominada CGT Azul y Blanca, y adhirieron el sector opositor de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), encabezado por Pablo Micheli. Los reclamos de las centrales sindicales fueron contra el «techo a las paritarias», la «inflación» y la «inseguridad», a la vez que reclamaron una suma de emergencia para los jubilados y la apertura de la discusión del piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
En la oposición hubo reacciones dispares por el paro, mientras que el oficialismo, a través de un comunicado firmado por intendentes y legisladores, evaluó que la medida «beneficia únicamente a las grandes corporaciones que pretenden detener el proceso de inclusión».
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