Moscú expresó su disposición a dialogar con la comunidad internacional poco después de que instara a Kiev a desistir de los «preparativos militares» para reprimir las protestas prorrusas en el este de Ucrania, advirtiendo que los mismos pueden «desatar una guerra civil».
«Estamos dispuestos a un formato (de negociaciones) a varias bandas, en el que estén representados los europeos (la UE), Estados Unidos, Rusia y la parte ucraniana», dijo el canciller ruso Serguei Lavrov.
El canciller, quien ayer tuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, agregó que Washington parte de que las negociaciones podrían arrancar dentro de «unos diez días».
Sin embargo, Lavrov expresó su temor a que dentro de esos diez días las autoridades ucranianas preparen, sin consentimiento de las regiones orientales rusoparlantes, el proyecto de la nueva Constitución del país, que el primer ministro ucraniano, Arseni Yatseniuk, prometió ultimar para el 15 de abril.
Lavrov se preguntó si «¿se planea convocar la reunión a varias bandas cuando el borrador de la Constitución sea presentado y todas las regiones, que no tienen confianza a las actuales autoridades, sean puestas ante un hecho consumado?».
En este sentido, el canciller consideró que Occidente y las nuevas autoridades ucranianas quieren que Moscú «consagre con su presencia y legitime un proyecto de Constitución que nadie vio hasta el momento».
Ayer, manifestantes prorrusos atrincherados en la sede de gobierno de Donetks, al este de Ucrania, proclamaron su independencia y convocaron a un referendo de adhesión a Rusia, en una repetición casi calcada de los eventos que culminaron con la anexión rusa de Crimea hace casi tres semanas.
Los gobiernos de Ucrania y Estados Unidos rechazaron la declaración de independencia de «la República Popular de Donetsk»
y acusaron a Rusia de estar detrás de la «desestabilización» de esa región del este de Ucrania, fronteriza con la ex potencia soviética.
En tanto, desde Moscú, la Cancillería rusa negó las acusaciones de Kiev y Washington y volvió a abogar para que el nuevo gobierno interino de Ucrania, que reemplazó al destituido presidente prorruso, Viktor Yanukovich, reforme la Constitución y convierta al país en una federación.
El gobierno ucraniano considera la propuesta rusa un «intento de destruir la integridad del Estado, un escenario ideado por Rusia para desmembrar y destruir a Ucrania».
Horas antes, la Cancillería rusa había emitido un comunicado en el instó a detener cualquier movimiento de tropas en las regiones orientales de Ucrania.
Informó que cuenta con información del envío a esa zona de unidades de las tropas del Ministerio del Interior y la Guardia Nacional ucraniana, de la que forman parte «guerrilleros de la formación armada ilegal Sector de Derechas».
«La misión que se les encomendó es aplastar las protestas de los habitantes del sureste del país contra la política de las actuales autoridades de Kiev», afirma el comunicado publicado en la página web de la Cancillería.
El Ministerio de Exteriores denunció además que «en esta operación participan cerca de 150 especialistas estadounidenses de la organización militar privada Greystone».
El texto concluye con un llamado a «poner fin de inmediato a todo tipo de preparativos militares, que podrían conducir al estallido de una guerra civil», consignó la agencia de noticias EFE.
Por otro lado, la OTAN instó hoy a las autoridades rusas a retirar sus tropas de la frontera ucraniana, e indicó que cualquier movimiento adicional hacia el este de ese país sería un «error histórico» con «graves consecuencias».
Rusia «debe retirar sus tropas, entablar un diálogo sincero con las autoridades ucranianas y respetar sus compromisos internacionales», señaló en la apertura en París de un seminario sobre la transformación de la OTAN.
Desde que las protestas prooccidentales triunfaron en Kiev a fines de febrero pasado, grupos de manifestantes prorrusos comenzaron a levantarse en algunas ciudades del este de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia, en contra de las nuevas autoridades, a las que acusan de proteger a sectores ultranacionalistas y rusofóbicos.
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