Al cumplirse hoy 50 años del golpe militar que derrocó al presidente Joao Goulart y dio paso a una dictadura militar, los brasileños buscan recuperar la memoria de los crímenes y desafueros ocurrido entre 1964 y 1985.
La Comisión Nacional de la Verdad (CNV), creada en 2012 por la presidenta del país, Dilma Rousseff, tiene el objetivo investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en ese periodo.
Su trabajo estaba previsto para terminar en 2013, pero debido a la necesidad de contar con más tiempo para la recopilación de evidencias, las labores se extendieron hasta finales de este año.
Rousseff, quien fue presa y torturada en su juventud, recordó la necesidad de que se esclarezcan los abusos registrados con los gobiernos de facto de entonces.
La asonada golpista comenzó el 31 de marzo de 1964, terminó un día después con la salida de la nación de Goulart y perseguía acabar con toda una corriente de cambios políticos y económicos.
Con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, de sectores conservadores y empresarios, los militares se atrincheraron en el poder e instauraron una dictadura que se extendió 21 años y dejó unos 400 muertos y desaparecidos políticos.
El teólogo y escritor Frei Betto destacó la necesidad de que las generaciones más jóvenes conozcan lo ocurrido en esos 21 años de dictadura, las torturas y violaciones registradas y las tragedias de miles de familias.
Puntualizó que Brasil avanzó en los sectores económicos y sociales, con el gobierno del Partido de los Trabajadores, pero sin embargo, los archivos de la dictadura en posesión de las Fuerzas Armadas permanecen cerrados para la Comisión de la Verdad.
Betto, quien fue preso en dos ocasiones durante esos 21 años, señaló que los militares dejaron el poder debido a la presión política, provocada por las movilizaciones de movimientos sociales, de gremios, políticos y asociaciones de sectores sociales.
El escritor de varios libros, entre estos «Fidel y la Religión» (1985), rememoró que hasta la iglesia católica apoyó la asonada golpista, pero después la condenó, debido a la desapariciones y muertes de fieles.
La CNV podrá sacar a la luz pública los crímenes y atrocidades cometidas por las fuerzas castrenses, pero no tiene facultad para enjuiciar a algún represor, pues la Ley de Amnistía de 1979 prohíbe abrir procesos contra los autores de crímenes contra la humanidad.
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