El Senado aprobó esta madrugada el acuerdo entre el Gobierno nacional y Repsol para el pago de 5 mil millones de dólares por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF.
El oficialismo, con el apoyo de aliados habituales y el MPN de Guillermo Pereyra, consiguió 42 votos afirmativos contra 18 negativos (radicalismo e interbloque Unen) y 8 abstenciones (PRO y Peronismo Federal)
Al cierre, y tras casi doce horas de debate y una lista de más de cuarenta oradores, el jefe la bancada oficialista, Miguel Pichetto, convocó a propios y extraños a “asumir cada etapa que nos tocó” y afirmó que “acá nadie puede tirar la primera piedra”.
“Hicimos lo que teníamos que hacer”, al estatizar YPF en 2012, afirmó el rionegrino y acotó: “Había que tener mucha valentía para tomar esa decisión, tomada por la Presidenta de la Nación”, al tiempo que opinó que “no había lugar para una solución amigable en el momento de la expropiación”, dado las situaciones que se vivían en la Argentina y en España.
Marcó que “si no se llegaba a un acuerdo amigable a nivel internacional” como el alcanzado, se hacía “muy difícil” potenciar el camino “para las inversiones que vendrán».
Antes, su par radical, Gerardo Morales, fundamentó el voto negativo de su bancada al indicar que la iniciativa propuesta incumple “los artículos 11 y 12 de la Ley 27.741, ley de expropiación” aprobada en 1212, porque a su entender en el texto de esa normativa establece que el “tribunal de tasación debe establecer el precio” de la empresa, en lugar del valor, “por eso venimos a discutir el precio, no el valor”, acotó.
Y recordó que mientras “el acuerdo de precio se había firmado en España el año pasado”, recién “el 17 de febrero” de este año “el Tribunal llega con la tasación” estimada de la empresa, y anunció que el radicalismo realizará una denuncia penal por supuestas irregularidades en la tasación de la compañía.
El socialista Rubén Giustiniani, en tanto, argumentó en contra del acuerdo porque “sólo la urgencia del gobierno necesitado de préstamos internacionales explican esta negociación”, y acusó al Poder Ejecutivo de no explicar “el pago discrecional a una empresa que vació de reservas el país”.
Al inicio del debate, minutos después de las 13, el presidente de la comisión de Energía, Guillermo Pereyra, defendió el entendimiento al indicar que «abre las puertas a las inversiones» y recordó que existían «más de 30 juicios internacionales en el CIADI que espantaban directamente” la llegada de capitales.
Pereyra, además secretario general del sindicato de petroleros privados patagónicos alineado en la CGT moyanista, confió en que, a partir del acuerdo, «cambia todo y se está ante la gran oportunidad de transformar la energía en nuestro país».
A su turno, el radical Ernesto Sanz, máxima autoridad formal de la UCR, adelantó el rechazo de su bloque porque «hay un sobreprecio de mala praxis», y responsabilizó al kirchnerismo por el «déficit energético» y la «pérdida del autoabastecimiento» en la Argentina.
Mientras, su ahora aliado y jefe de Proyecto Sur, Fernando Solanas, afirmó que «ningún gobierno desde (Carlos) Menem en adelante fue capaz de exigirle a las petroleras el cumplimiento de las inversiones, el cumplimiento de los contratos», al criticar lo actuado por el gobierno nacional en la materia.
Desde el conglomerado de peronistas disidentes del interbloque Federal, el sanjuanino Roberto Basualdo anunció la abstención de sus integrantes, ya que si bien consideró lógico el precio ante la rentabilidad futura de la empresa que estimó en 3.700 millones de dólares anuales, pero cuestionó que no haya existido una tasación real de la empresa.
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