El Parlamento iraquí ha aprobado su nuevo Gobierno, con el chií Nuri al Maniki como primer ministro, nueve meses después de las elecciones del 7 de marzo, que dejaron al país de oriente próximo en un limbo político con el consecuente retraso de las inversiones necesarias para reconstruir el país tras la invasión estadounidense de 2003. El nuevo Ejecutivo incluye integrantes de las diferentes facciones mayoritarias.
Las tensiones étnicas y sectarias, que dividen el país, retrasaron por última vez la formación del Gobierno este lunes por las discusiones a última hora entre las facciones por el reaparto de cargos. Hussain al Shahristani, chií y nuevo primer ministro de Energía, deja el puesto de ministro de Petróleo. Toma su lugar el kurdo Hoshiyar Zebari, anterior titular de Exteriores. Del ministerio de Economía se hará cargo el sunií Rafi al Issawi Para el presidente estadounidense, Barack Obama, «la decisión de formar un gobierno de coalición es un claro rechazo a las intenciones extremistas de dividir el país». Cada uno de los 34 miembros tuvo que ser votado por separado.
Al Maliki ha asegurado ante el Parlamento que «este Gobierno, con todas estas formaciones, está creado para satisfacer a los ciudadanos, no a los bloques políticos ni mi ambición personal». El chií laico y ex primer ministro Iyad Allawi ha asegurado que su formación » interpretará un rol activo, productivo y colaborativo» en el nuevo Ejecutivo. Allawi logró la mayoría en la cámara- 91 de 325 escaños frente a los 89 de Al Maliki- pero no consiguió los apoyos para gobernar. Dos parlamentarias protestaron por la ausencia de mujeres en nuevo gabinete.
Eman Ragab, un experto en Irak del centro Al Ahram para Estudios Políticos y Estratégicos (El Cairo), asegura que el nuevo Gobierno se enfrentará a la impaciencia del pueblo iraquí tras los nueve meses de retraso. «No podrán permitirse el lujo de tardar unos meses en pensar un plan ni tardar años en realizarlo», explica, la gente quiere soluciones rápidas para arreglar los servicios sociales y elevar el nivel de seguridad».
Fuente: El País