El Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado y modificado estará en vigencia a partir de febrero. Economistas, analistas y fuentes de algunos ministerios advierten cierto temor respecto a que, una vez más, la medición no refleje o represente la realidad.
Mientras el Gobierno anunció que para febrero estará disponible el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPV); analistas y economistas expresaron no sólo su expectativa sino su desconfianza respecto a que esta medición corregida y/o actualizada refleje el incremento y la suba de importes que “doña Rosa” experimenta toda vez que va al supermercado.
Por estos días, el desfasaje es importantísimo y justamente eso es lo que despierta muchas dudas entre analistas y economistas. Mientras que el IPC del Indec se ubica en 10,5% anual, las mediciones alternativas van de 26 a 29%, y para el año próximo ya hablan de 30%.
Según informó diario La Nación, ante esta enorme brecha, a los analistas les cuesta sostener si el Gobierno reconocerá un número alto de inflación o sólo admitirá un «maquillaje» en las cifras, con unas décimas más, como para ganar tiempo frente al monitoreo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en febrero pasado aplicó una moción de censura al país, un castigo sin precedente.
Lo que, particularmente, genera más incertidumbre y cierta desconfianza es que en la elaboración del nuevo IPC participaron las mismas autoridades del Indec acusadas de manipular las estadísticas desde 2007. Se trata de Ana Edwin y Norberto Itzcovich.
Fuentes del Palacio de Hacienda, que citó el matutino porteño, indicaron que «la idea es que ambos se vayan para aprovechar el efecto positivo sobre las expectativas de cambio del indicador, porque son dos personas sin credibilidad, como ocurría con [Guillermo] Moreno», el ex secretario de Comercio Interior, que renunció tras varios años de fracasos.
La directora de Estadísticas de Mendoza, María Crisafulli, dijo respecto al nuevo IPC que «hay una gran expectativa de las provincias y de la sociedad de que el nuevo IPC refleje en forma cabal la variación de precios, con una canasta muy completa, de 620 productos».
Sin embargo, la funcionaria admitió que «habrá una sola medición a nivel nacional, a la que en seis meses se agregarán resultados regionales, salvo en el caso de las provincias que decidan seguir publicando sus propios índices».
En tanto, economistas consultados por La Nación coincidieron en señalar que, a priori, el cambio de la cifra genera buenas expectativas, aunque habrá que ver si el nuevo índice se ajusta un poco más a la realidad y si, además, es acompañado por un plan para bajar la inflación. Agustín D’Attellis, de la corriente oficialista La Gran Makro, dijo que «es esperable que el nuevo IPC arroje un valor cercano al que actualmente mide el índice de precios implícito, el IPI, que surge de la relación entre PBI real y nominal, cercano al 20 por ciento anual». Fausto Spotorno, del estudio Ferreres, dijo: «La verdad es que no sé si reflejará la inflación real, aunque tengo la esperanza de que lo haga, pero el cambio metodológico no es una solución si se cargan precios falsos, como sucede hasta ahora».
Marco Lavagna, director de Ecolatina, coincidió con este reparo y aclaró que «un termómetro que muestre el problema y sus razones debería mejorar las expectativas, que, igualmente, no durarán si rápidamente no se dan señales sobre cuáles serán las acciones concretas, y de largo plazo, para afrontar la inflación». Al respecto, D’Attellis sostuvo que «los acuerdos de precios son efectivos en el corto plazo, pero deben ir acompañados de medidas que apunten a un ordenamiento macroeconómico, en los frentes fiscal, monetario y cambiario».
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