La recientemente ascendida ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, utilizó como medio al diario Página/12 para hablar sobre la complicada primera semana luego de asumir en esa cartera, a la vez que lanzó conceptos sobre su mirada en cuanto a varios temas relacionados a la seguridad nacional, como los reclamos salariales de la policía, el servicio 911, las cámaras de seguridad y la formación de uniformados.
Según aseguró Rodríguez, «las instrucciones de la Presidenta son profundizar las cuestiones de seguridad con la gente en cada barrio: qué está pasando, dónde están las fallas, si la ubicación de los policías es la que debe ser, si hay cámaras suficientes, qué pasó con la víctima de un delito y qué pasó con la investigación de ese delito.”
En cuanto a los conflictos con las policías provinciales, la ministra destacó: «Claramente es una cuestión salarial, potenciada por una negociación en Córdoba que produjo un efecto repetición en otras provincias».
La funcionaria aseveró que «estamos siguiendo todo al milímetro y a todas las horas del día. En Catamarca y en Neuquén están los prefectos y los gendarmes listos para intervenir. La responsabilidad en cada caso es del gobernador y todos tienen que estar atentos ante cada rumor o alarma».
A este respecto, para la ministra «en Córdoba está claro que hubo una respuesta tardía de la gobernación y eso produjo el efecto repetición, sobre todo por una negociación hecha también en forma tardía».
Para María Cecilia Rodríguez, las cámaras de seguridad «son una herramienta. Aisladas tienen menos utilidad, pero si eso está combinado con patrulleros inteligentes, con GPS en esos patrulleros que nos permiten controlar el recorrido e incluso los recorridos de patrullaje. Hoy tenemos un sistema que el Ministerio sabe dentro de las seis horas si un patrullero se salió del recorrido, si no cumplió con lo que debía. Y estamos a punto de instalar 800 cámaras más».
Pasada la discusión y ya confirmado que el gobierno no planea reavivar el debate sobre la edad de inimputabilidad, la ministra expresó: «Son aproximadamente 3.000 los menores apresados. No se llevan más a las comisarías, sino a un Centro de Atención, el Inchausti, que queda en la calle Perón 2048. Ahí son revisados por médicos, se les toman las huellas cuando corresponde, se verifica si están intoxicados. En esto trabaja Desarrollo Social. En total, no pueden estar allí más de 12 horas. No hay maltratado, interviene sólo personal especializado. Y luego el juez decide qué se hace con ese menor: a veces lo devuelve a la familia, otras ordena su internación en un instituto. Depende del juez».
Fuente: http://www.mdzol.com/nota/