El fiscal federal Ramiro González pidió investigar una ampliación de denuncia, presentada por la diputada nacional Elisa Carrió, contra el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el Secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, por presuntas irregularidades en el proceso de pago de indemnización a Repsol tras la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera.
La denuncia de Carrió apunta preacuerdo que firmó el Gobierno con Repsol donde se avanza en el pago de indemnización tras la expropiación de la petrolera tal cual establece la ley 26.741 de «la soberanía hidrocarburífera», sancionada y promulgada en mayo de 2012.
En la ampliación de la denuncia ante el juez Ariel Lijo, a raíz de una causa iniciada en 2006, la diputada acusó la firma de un preacuerdo por el cual el Estado indemnizará a Repsol «sin ajustarse a las prescripciones legales que deben ser observadas a los fines de determinar si corresponde el pago, y sin que se brinde información confiable a la población respecto al uso de los fondos que se destinarán al pago del resarcimiento de una empresa cuya actuación se encuentra cuestionada».
En ese sentido, acusó que a más de un año y medio de la expropiación, la indemnización se pagará sin seguir el procedimiento legal, a favor de un «enriquecimiento sin causa», y sin la supuesta intervención del tribunal de tasaciones.
Según la ley 21.499 invocada por Carrió, «al no haber acuerdo sobre el valor de los bienes que no sean muebles deberá nombrarse peritos para que fijen el valor de la indemnización».
En su requerimiento al impulsar la investigación, el fiscal pidió que «se certifique si el Tribunal de Tasaciones ha tomado intervención» en el proceso de indemnización, y «se arbitren las medidas necesarias que estime Vuestra Señoría para recabar con premura las actuaciones originales que se hubieran labrado en el ámbito de este Tribunal».
En tanto, se menciona que el CEO de YPF, Miguel Galuccio, se reunió con el expresidente de España, Felipe González, actualmente lobista de Gas Natural FENOSA, una empresa que tiene «intereses en común con YPF».
Incluso a Galuccio se le atribuye un encuentro con el ministro de Industria de España, José Manuel Soria, «quien por estos días arribó a nuestro país para cerrar el acuerdo junto a los directivos de Repsol, de la Caixa y de la mexicana PEMEX también inversora de la petrolera española», según surge del requerimiento del fiscal al que accedió Noticias Argentinas.
En la hipótesis dada por Carrió y que ahora el fiscal pidió investigar, Galuccio insistió en los encuentros con el pago de la indemnización «para evitar litigios y favorecer la llegada de inversiones privadas en el reservorio Vaca Muerta», ya que hay un interés de la mexicana PEMEX en entrar en este último negocio pero que se vería frustrado si no se pacta una compensación por la expropiación de YPF y en cambio se inician acciones legales.
El pedido de ampliar la investigación hecha por el fiscal a partir de una presentación de Carrió, es en una denuncia que se investiga de 2006 por la falta de control del Estado argentino en las actividades de Repsol en YPF «sobre la producción, exploración y exportación de hidrocarburos».
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