El juez Javier Cosentino ordenó que el presunto testaferro de Amado Boudou no salga del país hasta mayo del 2014. Además, dictó por segunda vez la quiebra de la ex Ciccone, con lo que complicó los planes del Gobierno para expropiarla sin pagarle a los acreedores.
El juez en lo Comercial Javier Cosentino prohibió la salida del país de Alejandro Vandenbroele, indicado como presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone. Según reveló La Nación, la medida rige hasta el 5 de mayo próximo, período en el que el magistrado buscará esclarecer la situación patrimonial de la imprenta y los créditos que adeuda.
Además, Cosentino declaró la quiebra de la ex Ciccone por segunda vez desde mediados de 2010. La nueva quiebra, y su consiguiente inhibición general de bienes, implica otro contratiempo para los planes del Gobierno, que al intervenir la imprenta dijo que a las arcas del Estado no les costaría «ni un peso».
Ahora está incluso ante un posible remate de los bienes de la compañía si no hace frente al reclamo de uno de los acreedores, Tecnología del Sur, por una deuda de $ 2,6 millones, agrega el mencionado diario.
Al decretar la quiebra de la ex Ciccone, el juez repitió una orden que ya había impartido tres años atrás. El 15 de julio de 2010 ordenó la misma medida luego de que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se presentó en su despacho para expresarle el interés del Gobierno en que tomara esa decisión.
Aquella irrupción de Echegaray en el caso resultó llamativa porque poco después del desembarco en la imprenta del fondo The Old Fund y de Vandenbroele, la AFIP dio su «expresa e incondicional conformidad con el levantamiento de la quiebra». Aquella vez, Cosentino autorizó el levantamiento pretendido por Vandenbroele, pero dejó asentada su sorpresa ante el contradictorio proceder de Echegaray. En su resolución consignó que resultaba «cuando menos llamativa» la actuación del ente recaudador.
Ahora, Cosentino dio otro paso ante el reclamo de Tecnología del Sur SA. «En atención a las constancias y estado del presente proceso, de conformidad con lo peticionado», dispuso, «decrétase la quiebra de Compañía de Valores Sudamericana», y emplazó hasta el 5 de febrero próximo para que otros potenciales acreedores de la imprenta presenten sus reclamos.
La quiebra conllevó toda una batería de medidas. Entre otras, la inhibición general de bienes de la imprenta -por lo que el Gobierno no podrá disponer de sus bienes sin autorización judicial-, como también la «inhabilitación del directorio de la quebrada», es decir, de Vandenbroele y la familia Ciccone.
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