Investigan a diez agentes penitenciarios por el trato preferencial a tres presos

autos secuestradosUn fiscal de San Isidro probó el vínculo entre guardiacárceles y los integrantes de la «Banda de los Rosarinos»; tenían celulares y una PlayStation

Diez agentes penitenciarios bonaerenses están siendo investigados por el trato preferencial que recibían tres integrantes de la denominada «Banda de los Rosarinos» en la Unidad N° 21 de Campana, donde contaban con teléfonos celulares, TV, DVD, PlayStation y aire acondicionado.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Télam que el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari probó el vínculo entre los guardiacárceles -que ya fueron separados de sus cargos- y los rosarinos luego de tres meses de escuchas telefónicas y del allanamiento en la cárcel, hace 12 días.

El objetivo de ese operativo ordenado por Ferrari fue secuestrar los teléfonos -diez smartphones con mensajería instantánea y acceso a Internet y equipos de radio tipo Nextel-, con los que, según surge de las escuchas, la banda seguía operando desde la cárcel en el negocio de los autos «mellizos» y las autopartes ilegales en Rosario. En agosto de 2012 fueron detenidos trece presuntos integrantes de esa asociación ilícita que robaba autos de alta gama a pedido en el conurbano y en el sur de Santa Fe.

En esas escuchas, el fiscal detectó que el presunto líder de la organización, Esteban Lindor Alvarado, de 34 años, y sus compañeros de causa Walter Ramón Bucci, de 34, y Gabriel Antonio «Peto» García, de 41, gozaban de una serie de privilegios dentro del penal, específicamente en la celda 321 del pabellón de autodisciplina donde estaban alojados.

En una de las escuchas telefónicas de la causa glosadas por Télam, «Peto» García le dice a un amigo: «Estamos en un pabellón «piola». Ya nos acomodamos, viste cómo es… Estamos de primera. Televisor, DVD, aire acondicionado portátil. Estamos «de prima»».

Y cuando ese amigo le pregunta si tenían visitas íntimas, García contesta: «Sí, sí, estamos todo bien acá. Está todo pago… Tarjetitas, arreglás acá, no hay drama». En otro tramo de la conversación registrada, le dice: «Tienen para ponerla, ¿me entendés?, si no, estaríamos todos a los fierrazos ¿viste?».

PEDIDOS POR SMS

La certeza de que los penitenciarios estaban al tanto de que Alvarado, Bucci y García tenían celulares en su poder la dan los mensajes de texto que intercambiaban con los mismos agentes de la Unidad 21, que fueron interceptados por los investigadores.

«Capu, ¿le avisás a Mariano que está mi familia en la puerta?»; «Venite hasta Sanidad que te estoy esperando»; «Peto, vení a comer que ya está la comida»; «Chavo, ¿le decís a Cruz que me llaman de talleres», y «Chavo, ¿me traés la compu con el pendrive y el cargador», son algunos de los sms detectados en uno de los celulares intervenidos a García.

Incluso, en los mensajes de texto se descubrió que los rosarinos tenían a su disposición dos freezers que les habían llevado sus familiares, donde, según las fuentes consultadas, el fiscal encontró corderos.

«Marce, ¿le decís a Capurro que ahí llega mi señora con el muchacho de los freezers?», dice uno de los mensajes de texto. En otro intercambio, un allegado le pregunta a García «¿Te llevaron freezer?», y él responde: «Sí, dos me trajo el Pocho, de primera, regrandes, así que ya los acomodamos… Ya pidieron prestado uno de cocina para guardar pollo».

En otros sms se piden películas pornográficas entre los internos -de pabellón a pabellón, y con penitenciarios como intermediarios-, y hablan incluso de presos famosos, como el cura Julio Grassi y Carlos Carrascosa, alojados en la Unidad 41 del mismo complejo de Campana.

Luego del allanamiento, los tres rosarinos fueron separados y trasladados a distintas unidades: uno a Sierra Chica, otro a Urdampilleta (Bolívar) y otro a General Alvear.

Los agentes investigados por el fiscal Ferrari están identificados en la causa como Nelson Siri, Claudio Robles, Nicolás Peratta, Ramón Tapia, Luis Ariel Caamaño, Luis Capurro, Raúl Rocha, Juan Carlos Torres y, los dos últimos, sólo por sus apodos: «Chavo» y «Mochi». Podrían ser imputados por «incumplimiento de deberes de funcionario público».

Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se informó que el Ministerio de Justicia bonaerense y la fiscalía trabajaron en forma conjunta en la investigación, al punto de que en el allanamiento participó el director general de Seguridad del SPB, inspector general Miguel Ángel Chia..

Fuente: LA Nación