BRASILIA — El ministro brasileño de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, llamó este miércoles a su país a acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Brasil por los abusos durante la dictadura (1964-85), una decisión que fue aplaudida por emocionados familiares de muertos y desaparecidos.
El fallo de la Corte Interamericana «tiene que ser acatado» por políticos, legisladores y jueces, y Brasil «no puede tener ninguna duda de que debe cumplir cada uno de los aspectos de esa decisión», afirmó Vannuchi en una entrevista para la radio estatal.
El ministro afirmó que la decisión de la Corte, que sigue a otras similares para Chile y Perú, es «muy importante para promover avances en derechos humanos en nuestro país».
«Es un momento de mucha alegría, porque esa decisión corrobora un trabajo nuestro de más de treinta años», dijo a la AFP Vitoria Grabois, directora de la Organización Tortura Nunca Más, y cuyo padre, esposo y hermano fueron víctimas del régimen militar.
«Espero que la sentencia de la Corte lleve al gobierno brasileño a revisar su política», afirmó Grabois, que consideró a Brasil el país más atrasado de América Latina por no haber saldado las cuentas con su pasado.
La Corte Interamericana condenó a Brasil por graves abusos perpetrados durante la dictadura y declaró sin «efectos jurídicos» la ley de amnistía de 1979, que impide investigar y castigar a los responsables, en un fallo divulgado el martes.
Con sede en Costa Rica, la Corte ordenó que Brasil aclare, determine las responsabilidades penales y aplique sanciones por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de 70 personas, entre miembros del Partido Comunista y agricultores, de la guerrilla del Araguaia en los 70′.
La decisión queda ahora en manos de la presidenta electa brasileña, Dilma Rousseff, que asumirá el poder en enero y quien vivió en carne propia los abusos de la dictadura, ya que sufrió duras torturas y pasó tres años en la cárcel por integrar organizaciones clandestinas que enfrentaron al régimen.
El presidente del gremio de los abogados de Brasil, Ophir Cavalcante, afirmó que el fallo interamericano muestra que Brasil «no respeta los derechos humanos» porque hasta hoy no llevó a la Justicia a los represores. Ese gremio intentó este año, sin éxito, impugnar ante la Corte Suprema la ley de amnistía.
Los defensores de los derechos humanos en Brasil reclaman la apertura de los archivos de la dictadura, que el gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva había prometido.
También exigen que los militares que perpetraron abusos y se han amparado en la ley de amnistía sean juzgados. Y quieren la localización de los cuerpos de los integrantes de la guerrilla del Araguaia.
El Estado brasileño reconoce a 400 muertos y desaparecidas durante dictadura, pero no ha habido juicios contra quienes violaron los derechos humanos porque estaban amparados por la ley de amnistía corroborada este año por la Corte Suprema.
Las férreas dictaduras del Cono Sur latinoamericano comenzaron en Paraguay (1954-89) y siguieron en Brasil (1964-85), Uruguay (1973-85), Chile (1973-90) y Argentina (1966-73 y 1976-83). En todos esos países, a excepción de Brasil, hubo o hay juicios contra represores.
Fuente: AFP