El gobierno argentino, a través de su intervención en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), continuó con su política de tergiversación de los indicadores oficiales de inflación, sobre los que pesa una inédita moción de censura por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), al registrar en septiembre una suba de precios de 0,8%, en lugar del 2,1% que registraron mediciones privadas amparadas por el Congreso Nacional.
El Indec informó ayer que el aumento de los precios en los últimos 12 meses a septiembre fue de un 10,5%, mientras que el acumulado entre enero y septiembre fue de un 7,4%, al arrojar el indicador un 0,8% de incremento en el noveno mes del año.
Las estadísticas de consultoras privadas arrojaron un promedio de 2,1% de aumento, la suma más alta para septiembre desde 1991. La cifra es difundida en el Congreso Nacional, por diputados de la oposición, ante la persecución judicial del Gobierno para con los economistas que miden la suba de precios. Para analistas privados, la inflación anual en Argentina se ubica en torno a un 25 por ciento.
Los datos del ente estatal de estadísticas de Argentina están ampliamente desacreditados por denuncias de manipulación, por lo que las mediciones privadas se han convertido en la principal referencia sobre la evolución de los precios.
La Argentina se comprometió a lanzar antes de fin de año un nuevo indicador de inflación, sobre el que está asesorando el FMI.
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