Contundente decisión de la Corte de EE.UU. sobre la apelación argentina. El facsímil del comunicado del máximo tribunal refleja esa decisión. Si bien era previsible, no deja de preocupar el hecho de que se van agotando las instancias que tiene a mano el Gobierno para evitar el incumplimiento de los papeles con legislación en Nueva York.
Ganar tiempo hasta el final del primer tiempo de 2014 y esperar una ayuda, por ahora lejana, desde la administración de Barack Obama. Luego de la resolución de ayer de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ésta parece ser la estrategia del Gobierno ante el juicio de fondos buitre; que ayer comenzó a recorrer su recta final. La decisión del máximo tribunal norteamericano conocida ayer resultó finalmente peor de lo que se esperaba, al denegar abiertamente la Corte la solicitud argentina de revisar el fallo adverso de octubre del año pasado. Luego de aceptar unos 50 casos para tratar durante el año calendario judicial de los Estados Unidos, los 9 jueces que integran la tercera instancia judicial anunciaron que la petición de la Argentina fue «negada» incluyendo los fundamentos técnicos de esa decisión. Este hecho resultó peor de lo esperado. Según los analistas, si el Tribunal simplemente no hubiera sumado el caso argentino al listado (como ocurrió la semana pasada) hubiese mostrado cierta voluntad de continuar analizando una aceptación futura. Sin embargo, el hecho de haber explicitado la Corte el porqué de rechazar el pedido, hace pensar que en futuras apelaciones, la decisión será la misma.
Si bien la resolución confirma el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que obliga pagar al país unos 1.330 millones a los fondos buitre NML Elliot de Paul Singer, el Aurelius y el Olifant, además de unos 13 particulares le da teóricamente al país una vida más. Esto es porque la Corte aún no dio fallo definitivo ya que administrativamente al estar abierta una instancia de apelación, debe aguardar que ésta se cierre para avanzar en una resolución final. La instancia aún no cerrada es la presentación «en banc» que la Argentina planteó ante la Cámara de Apelaciones, y por la cual todos los jueces (13 magistrados) de esa instancia deben dar su veredicto para confirmar o rechazar el fallo de agosto pasado. Se descarta que esto ocurrirá en las próximas semanas y que luego, administrativamente, el Gobierno argentino tendrá otros 90 días de plazo para realizar una última apelación ante la Corte Suprema para que tome o rechace el caso. Ya aclaró el máximo tribunal ayer que no aceptará tratarlo, pero para que esto suceda definitivamente y sin posibilidades de nuevas apelaciones, habrá que esperar al menos hasta bien entrado 2014. Para entonces el país habrá cumplido con el pago de unos u$s 235 millones de intereses que vencen en diciembre de este año (u$s 120 millones del Discount del canje 2005; u$s 73 millones del Discount del canje 2010 y otros u$s 42 millones del Global 2017). Con esto se habrá evitado, al menos este año, el default técnico derivado de la imposibilidad de liquidar deuda bajo jurisdicción de Nueva York, dinero que de quedar firme el fallo de primera instancia de Thomas Griesa quedaría embargado.
La decisión de la Corte no altera tampoco la situación de «stay», por la cual la Argentina puede continuar pagando los intereses a los tenedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. Sin embargo, ata esta situación a la evolución de la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York sobre el «en banc». Si los tiempos legales se cumplen, cuando esta segunda instancia se defina, la Argentina tendrá unos 90 días para apelar ante la Corte (tiempo que el país utilizará al máximo). Luego los litigantes (los fondos buitre) tendrán otros 10 días para presentar sus argumentos y finalmente la Corte Suprema resolvería si definitivamente toma o rechaza el caso.
A esa altura, y durante el período en que la Argentina prepare la apelación, la alternativa máxima para que la Corte acepte tratar el caso es que abiertamente el Gobierno de Barack Obama le pida al tribunal que por cuestiones de interés político, económico o financiero nacional la cuestión entre el país y los fondos buitre debe ser resuelta. En ese punto, el «Solicitor General» (el nexo entre el Poder Ejecutivo y e Judicial norteamericano), debería ejercer el rol de negociador entre los dos poderes. Otra alternativa es que Obama personalmente le pida a alguno de los jueces de la Corte que tome el caso como interés personal. Las juezas más cercanas al presidente norteamericano son Sonia Sotomayor y Elena Kagan (nombradas bajo su administración) y la histórica demócrata Ruth Bader Ginsburg.
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