Cambiaron al Jefe de la Departamental. Se fue Fabián Domsky, al parecer por diferencias con autoridades municipales, y asumió Adrián Castelli
La crisis que provoca la inseguridad en la región obligó al Ministerio de Seguridad a cambiar al Jefe de la Departamental de La Plata, Fabián Domsky. El desplazamiento sucedió en un breve acto en la sede de 12 entre 61 y 62 y en su lugar se nombró a Adríán Castelli, quien hasta ayer se desempeñaba como titular de la Departamental Berisso – Ensenada.
Domsky había asumido en los primeros días de marzo pasado y aunque se mostró como un jefe policial activo y dedicado, no habría logrado los resultados esperados. En tanto, también trascendió que su relevo se debió a diferencias que mantenía con autoridades del municipio.
Todo indicaría que el reclamo que Domsky llevó adelante por 16 patrulleros que había comprado la provincia de Buenos Aires y que quedaron en manos del municipio de La Plata fue el detonante para el golpe de timón en la dirección de la Policía platense.
Más allá de conjeturas, lo cierto es que el nuevo encargado máximo de la seguridad en la capital provincial es el comisario inspector Adrián Castelli, el que además de cumplir funciones en Berisso – Ensenada, antes lo había hecho en Lanús y Avellaneda.
La departamental Berisso – Ensenada, creada en marzo pasado por el entonces ministro de justicia y seguridad, Ricardo Casal, quedó a cargo de Claudio Amaya, quien se desempeñaba como titular de la Distrital Berisso.
Varios de los comisarios consultados por Trama Urbana se mostraron sorprendidos por el cambio. “Veníamos trabajando en forma coherente y organizada. El trato de Domsky con los fiscales era excelente. En los últimos 15 días se concretaron más de 350 allanamientos con decenas de aprehensiones”, dijo el titular de una seccional policial, quien prefirió no identificarse.
A pesar de esa mirada, los cambios en la cúpula policial tienen que ver con una realidad incontrastable: La Plata se está convirtiendo en un territorio asolado por la inseguridad. Y esto es producto, principalmente, de la política económica del gobierno nacional que ha rehusado cambiar las estructuras subdesarrolladas que existen en nuestro país, que llevan a que uno de cada tres compatriotas viva en situación de pobreza o indigencia. De hecho, en nuestra región, hay más de 130 asentamientos, donde miles de personas padecen condiciones infrahumanas y muchos no tienen otra alternativa que recurrir al delito.
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