Cada vez son más los importadores que se presentan a sacar la mercadería y se les permite el giro de divisas al tipo de cambio oficial. La apelación del Estado no consigue frenar los amparos contra el cepo.
Debido a un resquicio de la nueva ley de amparos, el cepo de Guillermo Moreno es puesto en jaque por los jueces. Lo que sucede es que cada vez son más los importadores que se animan a ir a Tribunales y logran que un juez destrabe el ingreso de mercaderías y el giro de divisas al cambio oficial.
El conflicto pasa por destrabar la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), para lo cual se necesita la autorización de la Secretaría de Comercio. Con los amparos de los jueces, los importadores consiguen que las DJAI no sean observadas por la Secretaría a cargo de Moreno.
Sin embargo, los importadores no pueden dejar de pasar por alto el temor que les da que, en respuesta a la acción judicial, aparezca algún tipo de inspección en la empresa. Económicamente hablando, es inevitable hacer la cuenta sobre qué da más pérdida: no obtener la autorización de la Secretaría de Comercio para destrabar la DJAI y no ingresar la mercancía o una inspección.
Según informa en su edición de hoy el diario El Cronista, la apelación del Estado no tiene carácter suspensivo del amparo o medida cautelar porque se trata de una resolución general de AFIP, que es de carácter inferior al de la ley. Un nuevo resquicio de la ley de amparos, indica que una apelación del Estado solo tiene carácter suspensivo para normas legales o asimilables.
Por lo tanto, al tratarse de una resolución general de AFIP, la apelación del Estado tiene carácter devolutivo ya que con el fallo en la mano, el importador se puede presentar en la Aduana para destrabar la operación.
Los jueces que otorgan estos amparos contra el cepo de Moreno, fundamentan su decisión asegurando que las DJAI son una restricción pararancelaria ilegítima por parte del Estado, que va contra la normativa del GATT.
SI bien son muchos los importadores que gracias a estos amparos consiguen destrabar las mercaderías, la queja de fondo es que las DJAI son inconstitucionales. Plantean que avasalla derechos como el de propiedad, libre comercio, al trabajo y aseguran que va contra tratados de jerarquía constitucional.
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