En un nuevo intento por recuperar el voto de los sectores medios, la presidenta Cristina Kirchner reunió ayer por tercera vez a los empresarios y los dirigentes sindicales y anunció que las obras sociales sindicales pasarán a percibir del Estado un aporte anual de 6500 millones de pesos para la atención médica de sus afiliados, lo que implica un aumento de 1900 millones de pesos.
En el nuevo capítulo del diálogo social, en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, la mandataria presentó también una beneficiosa actualización en el sistema simplificado de monotributo. Desde el 1° del mes próximo, se duplicará el tope de facturación permitida para ese régimen impositivo.
Los contribuyentes que prestan servicios pasarán de un máximo de facturación de 200.000 pesos a 400.000 y los que comercializan bienes muebles de 300.000 a 600.000 pesos. El dato llamativo es que no cambiarán las cuotas mensuales para todas las categorías del impuesto (más información en la página 13).
La Presidenta buscó así recuperar votos en la clase media, los trabajadores y los sindicatos, con miras a las elecciones legislativas del 27 de octubre próximo. La dura derrota electoral en las primarias de agosto último la llevó a modificar de urgencia su plan de campaña y cambiar aspectos de su gobierno.
Hace un mes, Cristina Kirchner había dicho que no modificaría el modelo económico ni dictaría medidas que pusieran en riesgo la solvencia fiscal. Pero hace dos semanas anunció la rebaja en el impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia y el aumento en las asignaciones familiares, y ayer actualizó el monotributo y les aumentó los recursos a los sindicatos. Además, la Presidenta evalúa aún cambios en el impuesto a las ganancias para autónomos y retocar el IVA para los alimentos, aunque el impacto fiscal de esto último podría disuadirla. «Con el monotributo no habrá esfuerzo fiscal, porque se hace en un contexto favorable que hace posible esta medida», explicó a LA NACION un allegado al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que ayer estuvo a cargo del anuncio.
Por su parte, el aumento en el aporte estatal a las obras sociales, que significará un impacto de 1900 millones de pesos, procura aliviar la situación financiera de los sindicatos, que reclaman a la Presidenta desde hace larga data el reintegro de los fondos de las obras sociales.
De ese modo, en 2014 se transferirán 6500 millones de pesos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, según explicó la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, ante los empresarios y los sindicalistas.
La Presidenta adoptó un tono dialoguista y moderado, como parte de su nuevo perfil de campaña. «Que nadie tenga temor de decir lo que piensa. Nosotros no tenemos miedo de decir lo que pensamos. No voy a comerme a nadie si dice algo. Es bueno cuando uno piensa diferente», dijo Cristina.
El comentario parecía tener dos destinatarios: los titulares de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, y de Adeba (bancos de capital nacional), Jorge Brito. Méndez había reclamado hace pocos días un «ministro de Economía con más fortaleza» y Brito había lamentado en un reportaje concedido a LA NACION que «la Presidenta no escucha a la gente». La mandataria lamentó luego que esas reflexiones no habían surgido en sus recientes reuniones con empresarios y sindicalistas. Ayer Méndez no asistió por estar de viaje y fue reemplazado por su segundo, José Urtubey.
También Cristina abordó denuncias de las pymes a grandes empresas. «Uno de los problemas que vamos a plantear va a ser que hay varias pymes que denunciaron prácticas de abuso dominante», dijo. Y deslizó la posible creación de la figura de fiscal de Defensa de la Competencia.
De la tercera reunión por el diálogo social, además de Brito, Urtubey, Echegaray y Korenfeld, participó gran parte del gabinete nacional. También estuvo el titular de la CGT, Antonio Caló, junto con otros jefes sindicales y representantes de la CTA, encabezados por su secretario adjunto Pedro Wasiejko.
De los empresarios asistieron Daniel Funes De Rioja (Copal, alimentos), Carlos Heller (Abappra, bancos públicos), Gustavo Weiss (Construcción), Carlos Cesario (ABA, bancos), Osvaldo Cornide (CAME), Ider Peretti (CGE), Marcelo Fernández (Cgera), Juan Carlos Lascurain (Adimra) y Alberto Dragotto (Comercio).
Al salir de la reunión, Cornide aseguró que la Presidenta advirtió que «no va a devaluar» ni «cambiar la política económica» durante lo que resta de su mandato.
INFORMAN SOBRE OPERACIONES DE MOYANO
La fiscalía que investiga delitos económicos informó a la Justicia sobre cuatro reportes de operaciones sospechosas (ROS) que involucrarían cuentas de la Asociación de Camioneros, la Obra Social de Camioneros, a cargo de Hugo Moyano, y las empresas Iarai, Aconra y Dixey, ligadas a la familia del camionero.
Tres de ellas son por 570 millones de pesos y otra por $ 540.000. Los ROS que la Unidad de Información Financiera recibió, y que ahora la fiscalía de delitos económicos judicializó, son por operaciones realizadas entre marzo de 2011 y octubre de 2012.
Moyano es investigado por el juez Claudio Bonadio por denuncia de la diputada Graciela Ocaña, que acusó a Moyano de vaciar el gremio y transferir fondos a empresas familiares. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proselac), a cargo de Carlos Gonella, remitió los informes a la fiscalía federal de Patricio Evers que interviene en el caso, para ampliar la acusación..
Fuente: La Nación