El gobierno nacional pasó a disponibilidad a dos oficiales jefes y a tres suboficiales de la Policía Federal que participaron del desalojo de 200 familias en el parque Indoamericano, en Villa Soldati, que terminó con dos personas muertas por armas de fuego.
La decisión fue anunciada anoche por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak.
La medida fue tomada horas después de que trascendiera que las dos víctimas -Bernardo Salgueiro, habitante de la villa 20, y la pobladora del barrio Los Piletones Rosemarie Puja- murieron al quedar heridas por perdigones de 8,6 mm.
Ese tipo de munición es compatible con las escopetas que emplea la Policía Federal, aunque también con las armas de fabricación caseras, vulgarmente conocidas como «tumberas».
Voceros de la Policía Federal afirmaron que los pases a disponibilidad no obedecen a que los uniformados efectuaron los disparos mortales, sino a conductas «reprochables», como arrojar piedras y dar golpes de puño.
Fuentes de la investigación, a cargo del juez de Instrucción porteño Eliseo Otero y del fiscal Sandro Abraldes, informaron a La Nacion que se sospecha que los tiros fueron realizados por civiles. «Hay que profundizar la investigación a fines de dar con los autores de los disparos que produjeron muertes y lesiones. El gobierno nacional no descarta ninguna hipótesis», sostuvo Alak, que antes de leer el comunicado de prensa estuvo reunido con el vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro.
Alak aprovechó anoche para criticar la política habitacional del gobierno porteño. «Los dolorosos episodios vividos son el síntoma de los problemas sociales irresueltos en esta ciudad. En este caso específico, la ausencia de soluciones a los problemas de vivienda por parte del gobierno de la ciudad», sostuvo.
Tanto la fuerza de seguridad federal como la Policía Metropolitana participaron anteayer del desalojo de familias que habían ocupado el parque Indoamericano, ordenado por la jueza penal y contravencional porteña María Cristina Nazar.
Culminado el operativo, algunos de los desalojados, que eran vecinos de la villa 20, de Villa Soldati, repelieron con piedras y quema de neumáticos la presencia de la policía, que respondió -según sus voceros- con disparos de proyectiles de goma.
Sin embargo, al término del enfrentamiento se conoció la muerte de Salgueiro (paraguayo, de 22 años), que a las 19.35 llegó sin vida, con un tiro en el estómago, al centro de salud de Villa Lugano, y de Puja (boliviana, de 28 años), que ingresó fallecida cerca de las 21 en el hospital Piñero, de Flores, tras haber sido levantada a 400 metros del lugar de los incidentes.
Ayer, la autopsia reveló que las heridas fueron provocadas por perdigones de 8 mm, según informaron a La Nacion fuentes de la investigación, compatibles con los de los cartuchos que pueden cargar las escopetas que usa la Policía Federal.
El vocero de la fuerza, comisario mayor Sebastián Seggio, ratificó ayer que los uniformados utilizaron balas de goma en el desalojo. Explicó a la agencia DyN que los incidentes comenzaron tras el operativo, cuando manifestantes empezaron a «aarrojar objetos contundentes y piedras, y se escucharon detonaciones de armas de fuego que provenían de abajo del puente», desde la villa 20. Según Seggio, «los disparos partieron de manera anárquica y criminal de parte de particulares».
Al cierre de esta edición no había detenidos por los homicidios.
Más tensión y gestiones
Ayer, pasado del mediodía, unas 500 personas volvieron a instalarse y a delimitar parcelas en tierras del parque Indoamericano, que era custodiado por efectivos de la Policía Metropolitana, mientras que un pequeño grupo de manifestantes portaba machetes y palos.
Por la tensión generada tras las muertes de Salgueiro y de Puja, el gobierno porteño aceptó buscar una solución consensuada con los ocupantes y con referentes sociales y de la oposición política. En paralelo, el defensor general porteño, Mario Kestelboim; el titular de la junta electoral de la villa 20, Dionel Pérez, y el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad presentaron recursos de no innovar que recayeron en el juzgado en lo contencioso administrativo de Roberto Gallardo.
Según explicó Gallardo a La Nacion, hizo lugar a las peticiones y decidió que, por un lado, debe frenarse cualquier nuevo intento de desalojo y, por el otro, no debe haber ninguna nueva ocupación, motivo por el cual ordenó a la Gendarmería que realice un cerco perimetral en el predio. Al cierre de esta edición, funcionarios, legisladores, movimientos sociales y delegados de los usurpadores negociaban en el juzgado la realización un censo de las familias instaladas para encarar soluciones habitacionales, así como la provisión, entre tanto, de agua potable y de baños químicos.
Fuente: La Nación