La “multireincidencia” ha llegado para quedarse. Con una pistola calibre 9 milímetros, considerada arma de guerra, fue detenido esta semana Carlos Burgos. Cayó a tan sólo dos meses de quedar absuelto por la salvaje salidera bancaria a Carolina Píparo, de la que perdió la vida su bebé Isidro. Burgos fue sorprendido en flagrancia cuando se daba a la fuga tras asaltar un maxikiosco de 47, 8 y 9.
Está claro que el episodio de la nueva detención a Burgos adquiere visibilidad no por el robo en sí mismo, sino por su protagonismo en un caso tan impactante como el de Píparo. Pero esta nueva captura a quien fuera sospechado, nada menos, de ser “el tirador” de Carolina, dejó algo en el tintero. Se trata del flagelo de la mentada reincidencia o reiterancia en el delito, cada vez más frecuente del sistema penal, en la tríada policial, penitenciaria y judicial.
Muchos especialistas lo denominan el fenómeno de las cárceles con puerta giratoria. Y hay estadísticas que lo avalan. Del desglose de los sondeos realizados por el Ministerio de Justicia y Seguridad, y la Procuración bonaerense, se desprende la existencia de personas que fueron detenidas entre cinco y ocho veces en pocos meses y sin embargo, siguen libres.
Esas libertades son otorgadas mediante distintos institutos procesales. El mayor problema, es que luego de ser liberados, han vuelto a delinquir entre los tres y cinco días siguientes.
Los datos son contundentes. Y el nudo del debate viene enfrentando a juristas y académicos desde hace tiempo. Lo que colisiona es el respeto a las garantías constitucionales frente a la llamada “puerta giratoria”. Es decir, el respeto al debido proceso legal y el derecho que tiene la gente a tener seguridad.
En ese sentido, el propio presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti reclamó al abrir una de sus sesiones, “una postura más firme de los jueces en la lucha contra la inseguridad”. Pero al interior de los departamentos judiciales cada juez, camarista o fiscal juega su carta.
Las estadísticas citadas ya no sólo exhiben el escenario de la reincidencia sino un mucho más gravoso y que se lo ha significado como el de la “multireincidencia”. Estos son detenidos por la Policía y liberados, dos, tres, cuatro y hasta seis o siete veces en un mismo año; sin tener en cuenta la liberación de condenados antes de tiempo, algunos con mala conducta y pésimo concepto para el servicio penitenciario. Aquí, además, se da otro singular caso: el de los certificados de conducta que exigen los jueces al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Y se convierten en certificados de altísimo “valor”, pero alcanzables.
La remanida frase los delincuentes “entran por una puerta y salen por la otra” se hace carne en cada momento, y desde hace mucho tiempo en el servicio de justicia bonaerense. Y en el “mientras tanto”, algunos operadores del poder judicial –como el ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni- se animan a afirmar que no hay inseguridad, que es sólo una sensación, y que los culpables son los medios de información porque amplifican los hechos de delincuencia.
El escenario de la multireincidencia refleja además la incapacidad del sistema penitenciario para resocializar o reeducar a los internos. Y de los patronatos de liberados para diseñar seguimientos eficaces. Además, esas academias del delito comienzan desde muy temprano: en los institutos de menores.
El debate que se impone es revisar los mecanismos o institutos procesales de las libertades a otorgar. La condicional, la laboral, asistida, transitoria, anticipada o domiciliaria con “monitoreo”, según cada caso. Por caso, en los tribunales penales de La Plata, se verificó la concesión de esos beneficios a internos de muy mala conducta y peor concepto. También se constatan cada vez más casos de condenados que han vuelto a reincidir (a robar, matar, o violar) mientras gozan del beneficio de una determina “libertad”, lo que deriva en la reacción de los familiares de las víctimas, en un claro proceso de re victimización; y si el hecho llega a los medios, los habituales pedidos de jury a magistrados, que siempre quedan en la nada.
El caso de Burgos, según su abogado, obedece a la “ingesta de drogas”. Vale como estrategia defensiva. Pero los organismos encargados del contralor de los penados y de los procesados deberían abocarse a soluciones mucho más sesudas, lo que deviene en urgente y necesario.
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