Junto a sus pares de la centroizquierda solicitó en un proyecto de ley que propone convertir en servicio público la telefonía celular y el acceso a Internet, una forma de darle el golpe de gracia a Fibertel y controlar a las telefónicas, que sin el servidor de Clarín contralarán la mayoría el mercado.
Después de admitir que era usuario de Fibertel poco después de que el gobierno declarara la caducidad de ese proveedor de Internet, Fernando “Pino” Solanas dejó claro que lejos estaba de defender a la ex licencia de Clarín: propuso que la telefonía celular y el acceso a Internet sean considerados un servicio público, o sea, le sean garantizados a todos los ciudadanos.
La iniciativa, a la que accedió LPO, comprende una nueva ley de telecomunicaciones y el cineasta la presentó durante una audiencia pública que celebró en el Congreso, con exposiciones como Andrés Piazza, abogado, presidente de LACRALO (Regional At Large Organization de América Latina y Caribe) y representante Regional de Usuarios de Internet en ICANN (Internet Corporation for Asigned Names and Numbers), Martín Becerra (Director del Departamento de Ciencias Sociales (UNQ), Santiago Marino (UNQ) y Pablo Alabarces (UBA).
También estuvieron representantes de organizaciones sociales, sindicales, y del sector, como Guillermo Defays de CEPETEL, Pedro Busetti (DEUCO); y miembros de CADIEEL (Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control automático), de la Federación de Cooperativas Telefónica (FeCoTel) y trabajadores de FOETRA.
El proyecto, que firmaron los once diputados del interbloque de centroizquierda, plantea que todos los ciudadanos argentinos “tienen derecho “a acceder a los medios públicos de telecomunicación, así como a los recursos e instalaciones para la comunicación convencional o avanzada, para distribuir información, ideas y opiniones”.
Y a “hacer uso de manera igualitaria del nuevo entorno electrónico (ciberespacio) en condiciones de seguridad informática, entendida ésta como el respeto y la protección de la dignidad humana contra el abuso de las tecnologías de la información y la comunicación cometido por gobiernos y entidades no estatales”.
Solanas pretende que el servicio de Internet y de telefonía celular cuente con los mismos derechos que el gobierno quiere adjudicarle a la producción de papel celulosa, lo que le permitiría controlar a gusto precios y distribución.
Seria un golpe de gracia a Clarín, que todavía reclama por el negocio perdido con la caducidad de Fibertel, su licencia para proveer banda ancha. Pero también le marcaría la cancha a las telefónicas, que ahora quedaron con la mayor parte de ese mercado y son las generadoras y distribuidoras de telefonía celular, el otro servicio que el diputado de Proyecto Sur pone en debate.
«Hemos tenido gobiernos tan perversos, atorrantes y cipayos, que no sólo privatizaron la telefonía, sino que vendieron hasta los postes telefónicos de Entel, en plena época de expansión de la tecnología», sostuvo el cineasta.
«Este proyecto es consecuencia de la decisión gubernamental de caducar Fibertel y contra la pretensión de anular la medida que propone el resto de la oposición parlamentaria», agregó su compañero de bloque Claudio Lozano y consideró que «el Parlamento no tiene que legislar por una empresa, sino en función del interés público. Este mercado sigue con una legislación obsoleta, hecha por la dictadura de 1972 y modificada con decretos de la década del ´90», precisó.
En los fundamentos el proyecto señala que el objetivo “con el fin de garantizar el derecho humano a la comunicación y hacer que las tecnologías de la información y la comunicación sean un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de la Nación”.
Fuente: lapoliticaonline